Nota de Prensa de VigiaS - Vigilantes Asociados

D. Francisco Suarez Viñas como Presidente y D. José Manuel Pan como vicepresidente de
la Asociación “VigiaS – Vigilantes AsociadoS” cuya función es la defensa del sector de la
Seguridad Privada y la dignificación de la figura del VIGILANTE DE SEGURIDAD
quieren denunciar públicamente los trágicos sucesos ocurridos en el Pabellón Madrid Arena que
culminaron con el resultado de la muerte de cuatro jóvenes, cuyo trágico fin lamentamos desde
estas líneas enviando al propio tiempo nuestras condolencias a sus deudos, bajo unas
circunstancias de negligencia y omisión por parte de las Administraciones Públicas y
Municipales, quienes se quieren exonerar de responsabilidades con declaraciones a los distintos
medios de comunicación haciendo una clara manipulación de la información con el fin de
confundir a la opinión pública.

En primer lugar denunciamos al Ayuntamiento de Madrid en la figura de su Vicealcalde,
quien declaró y afirmó públicamente que el suceso era “culpa de la seguridad privada”,
omitiendo una clara connivencia entre la codicia municipal y la política de manipulación.
Debería haber existido, y por tanto se debería exigir por las partes afectadas, el informe
extraordinario que ampliase las medidas de autoprotección para actos de este tipo, que no puede
ser coincidente en ningún caso con el Plan General de Autoprotección en Emergencia y
Evacuación que ya existe o debería existir para la actividad deportiva habitual de este Pabellón
Municipal. Estas medidas complementarias y necesarias deben estar supervisadas y firmadas,
con lo que ello conlleva, por un Técnico cualificado de este Ayuntamiento y físicamente debería
haber estado presente antes de la apertura del macroconcierto para comprobar su estricto
cumplimiento.

En segundo lugar denunciamos al Grupo Operativo de Seguridad Privada del Cuerpo
Nacional de Policía competente en la localidad del suceso porque debería haber existido un
Plan de Seguridad firmado por un Jefe o Director de Seguridad habilitado por el
Ministerio de Interior y no una simple comunicación de actividad, donde se estipulasen
medios técnicos y humanos necesarios para la celebración del evento, entendiendo como medios
humanos a VIGILANTES DE SEGURIDAD habilitados por este mismo Ministerio de Interior
y que obligatoriamente una vez aprobado el Plan de Seguridad, tendrían que haber estado
presencialmente junto al Jefe o Director de Seguridad para comprobar que el citado Plan de
seguridad se cumplía antes, durante y al finalizar el evento, además de solicitar de forma
presencial las habilitaciones profesionales de los vigilantes intervinientes. Quedan fuera de la
Ley de Seguridad Privada como “personal de seguridad” los porteros, controladores de
accesos, auxiliares de servicios, conserjes y demás analogías profesionales, tal y como se
desprende de las consultas recientemente evacuadas por esta Asociación ante los
organismos de Interior competentes en la materia.

Tanto el Ayuntamiento de Madrid como el representante del Sindicato Uunificado de la
Policía han declarado públicamente la responsabilidad de la empresa CONTROL 34, empresa
de porteros y controladores de accesos que no tiene número de registro como “Empresa de
Seguridad” y que por tanto al hacer funciones de control de accesos y vigilancia, estaba
incurriendo en INTRUSISMO PROFESIONAL, ya que son funciones exclusivas y
excluyentes de los VIGILANTES DE SEGURIDAD. No solo se ha contratado al mejor postor
incumpliendo la Ley de Seguridad Privada gravemente, sino que se permite el intrusismo
profesional en el sector de la seguridad privada por las Autoridades que deberían perseguir y
sancionar estas actuaciones. Han supeditado los intereses económicos al tópico de “bueno,
bonito y barato, aunque sea ilegal” a la seguridad e integridad de los ciudadanos, y es el Grupo
Operativo de seguridad Privada quien, de haber estado presencialmente en el evento para las
comprobaciones de rigor, debería haber levantado acta de infracción para propuesta de sanción
muy grave contra la empresa CONTROL 34 por un supuesto de INTRUSISMO
PROFESIONAL.

Apoyamos las declaraciones del Colectivo Profesional de Policía Municipal que han
expresado públicamente su denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid por insuficientes los
operativos de la Policía Municipal desplazados para este evento. Cuando en marzo habían
determinado 80 Policías Locales para tres eventos similares a este, en este caso solo se activaron
12 operativos locales. También denuncian que el aforo sobrepasaba el permitido por el
Ayuntamiento y por tanto ellos contradicen, y desde nuestra Asociación así lo afirmamos, que el
Vicealcalde miente ya que sus datos sobre los asistentes en el momento de la tragedia son
remitidos por la empresa organizadora de forma verbal y por tanto no son fehacientes y precisos
para esclarecer un asunto de tan relevante alarma social.

Nos adherimos a las declaraciones del Juez Decano José Luis Armengol, quien alerta sobre
una serie de irregularidades y afirma que los supuestos y únicos culpables de estas muertes son
los organizadores del evento, incluyendo a las Administraciones Publicas y Municipales que
permitieron que el aforo sobrepasase el permitido por las medidas de autoprotección y
seguridad.

Es por tanto que desde nuestra Asociación nos sumamos públicamente a las acciones legales
que desde el Ministerio Fiscal se pudiesen iniciar de oficio y como “parte interesada” en el
procedimiento estaremos gustosos de ser testigos necesarios para esclarecer todos los hechos
constitutivos de delito o falta que pudiesen emanar en materia de seguridad privada.

Y denunciamos públicamente por medio de este comunicado de prensa al Ayuntamiento de
Madrid, al Grupo Operativo de Seguridad Privada y a todos aquellos que por omisión o dejadez
en sus obligaciones han permitido que esta tragedia ocurra y no han aclarado convenientemente
ante la opinión pública las circunstancias de porque ha ocurrido este suceso y no han mostrado
la documentación firmada y comprobada por los funcionarios competentes que lo certifique.

Desde nuestra Asociación no consentiremos, toleraremos o admitiremos bajo ningún
concepto, y en tanto los Tribunales competentes en la materia no se pronuncien, que se
intente denigrar a la figura del Vigilante de Seguridad y al conjunto de los profesionales que
trabajamos en este sector, cuando estos trágicos y luctuosos sucesos se producen por
negligencia de las Administraciones Públicas correspondientes al inhibirse en sus funciones
de autorización y supervisión, y por afán mercantilista de la empresa organizadora del evento
al no contratar un servicio de Seguridad Privada bajo los cánones establecidos en nuestro
ordenamiento jurídico, haciendo recaer la responsabilidad sobre una parte que no pudo,
tanto por el escaso número de efectivos contratados como por el ámbito espaciotemporal en
que desarrollaron sus actividades, evitar ni paliar los efectos de una planificación que
debería llevar ante la autoridad judicial a los máximos responsables que autorizaron y
organizaron un evento con una, a todas luces, falta de previsión de los riesgos a los cuales
sometían a los asistentes.