Un centenar de escoltas, en paro al cambiar las empresas que protegen a políticos y jueces

Un centenar de escoltas, en paro al cambiar las empresas que protegen a políticos y jueces
Denuncian que el Gobierno vasco tolera a las compañías que empeoren las condiciones laborales de los guardaespaldas

31.01.11 - 02:48 - AINHOA DE LAS HERAS | BILBAO.
Un centenar de escoltas privados se ha quedado en el paro tras el concurso público organizado por el Gobierno vasco para cubrir el servicio de protección a personas amenazadas por el terrorismo y mujeres víctimas de malos tratos. Según los sindicatos del sector, algunas de las nuevas empresas adjudicatarias del servicio, que deberían haber mantenido las condiciones laborales a los guardaespaldas, lo que se conoce como subrogación, han ofrecido a sus trabajadores sueldos mucho menores por el mismo o mayor horario de trabajo. Varios afectados -hay escoltas con más de 20 años de antigüedad- han llevado su caso a los tribunales y presentado denuncias por despido improcedente contra las compañías y el Departamento de Interior.


El Ejecutivo vasco y el Ministerio del Interior destinaron el año pasado una cantidad sensiblemente superior a los cien millones de euros para ofrecer cobertura al más del millar de personas acosadas por el terrorismo en Euskadi y Navarra, especialmente políticos y jueces. Sólo en la primera comunidad, la consejería desembolsó 97,7 millones.
La mayoría de esa partida va destinada a firmas especializadas que aportan vigilantes privados para esas labores, ya que la Ertzaintza sólo dispone de 400 efectivos para realizarlas; una cifra claramente insuficiente si se tiene en cuenta que, según algunos estudios, hasta ahora venían operando en Euskadi y la comunidad foral unos 4.000 escoltas. El alto el fuego de ETA y una revisión a los planes de seguridad por parte de los gobiernos central y vasco han hecho, sin embargo, que el número de guardaespaldas haya disminuido en los últimos meses.
«Nos vamos a la basura»
«Estas empresas están ganando concursos a costa de las condicones de los trabajadores, ha sido un ERE encubierto», critica José Ramón Pinto, responsable de CSI-F. En su opinión, las compañías de protección «han subrogado al personal con menos antigüedad, obviando al resto». Al parecer, se acogen a un artículo por el que se considera subrogable a aquel escolta que haya permanecido los últimos siete meses con el mismo protegido.
Los sindicatos consideran a Interior responsable de estos hechos, ya que en las plicas del concurso figuraba un apartado que exige la subrogación. Por su parte, el Departamento que dirige Rodolfo Ares entiende que se trata de un conflicto «meramente laboral entre empresas» y niega que exista un incumplimiento del pliego de condiciones. Para la consejería, su exigencia consistía en que las firmas salientes debían presentar un listado con el número profesional y la antiguedad de los trabajadores que consideraban subrogables, pero que las empresas entrantes podían aceptar o no. «No obligaba a nadie», mantiene un portavoz del Departamento.
Algunos escoltas aceptaron las nuevas condiciones por miedo a perder el trabajo, pero otros las han rechazado. «Nos ofrecían 1.500 euros de sueldo por 20 días de trabajo, incluidas las pagas, cuando antes eran 1.800 o 2.000 euros por 17 días. También había que renunciar a la antiguedad», dice un afectado.
El concurso se celebró el 13 de noviembre y de él salieron siete empresas adjudicatarias. El Gobierno vasco ha rebajado un 10% el presupuesto respecto al año pasado. La crisis económica afecta de lleno al sector, ya que las administraciones también recortan sus presupuestos en seguridad, más aún en un contexto en el que ETA acaba de decretar una tregua.
«Nos sentimos abandonados, desprotegidos no sólo por nuestras compañías, sino también por el Gobierno vasco», lamentan los escoltas, algunos de los cuales abandonaron su tierra a finales de los 90 para venir a trabajar a Euskadi, y se han encontrado en la calle «de la noche a la mañana». «Para el proceso de paz éramos importantes y ahora nos vamos a quedar en la basura. ¿Es que nadie ha pensado en una alternativa, una reconversión para 1.500 familias que se van a quedar en la calle?», protestan.
El sindicato CSI-F propone facilitar a los profesionales privados «que puedan opositar a la Ertzaintza o a las policías locales, ya que tienen experiencia».
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