Interior reducirá de nuevo las escoltas a ex altos cargos políticos

Interior reducirá de nuevo las escoltas a ex altos cargos políticos
La medida afectará a medio centenar de personas amenazadas en su día por ETA y continúa un plan de recortes iniciado en septiembre
ESCOLTADOS
1.492
personas tienen servicio de escolta en Euskadi y Navarra.
La decisión se centra, en la mayoría de los casos, en protegidos por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil
El Ministerio de Interior tiene previsto llevar a cabo en diciembre una nueva reducción de escoltas, que afectará a antiguos cargos del País Vasco y Navarra amenazados por ETA que hace años dejaron de tener puestos de responsabilidad pública aunque aún contaban con protección. La medida es una continuación de la que ya se puso en marcha en septiembre, cuando el ministerio y la consejería vasca de Interior tomaron la decisión de rebajar los servicios de seguridad a medio centenar de personas que continuaban con guardaespaldas pese a que ya no ejercían ninguna responsabilidad pública.
El recorte afectará a otro medio centenar de personas, en su mayoría, concejales del PP y del PSE desvinculados de la política, según datos a los que ha tenido acceso EL CORREO. Los responsables de seguridad de los partidos ya han sido advertidos de la medida, que guarda relación en la mayoría de los casos con funciones de vigilancia que practicaban la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. Casi todos los antiguos cargos amenazados cuentas con un escolta, que les será retirado. Su seguridad quedará a partir de ahora a cargo de servicios de contravigilancia.
La reducción de guardaespaldas comenzó a aplicarse en septiembre, sin que estuviera relacionada -según el Gobierno- ni con la crisis económica ni con el contexto político generado entonces por los rumores de una tregua que ETA anunciaría unos días más tarde. Según las explicaciones oficiales, el propósito de todo el plan era racionalizar los servicios de escolta, para lo cual, a muchos de los amenazados se les quitó uno de los dos vigilantes que se encargaban de su custodia.
En casos puntuales, se suprimió la seguridad a personas que ya carecían de relación con el mundo de la política activa. Tanto el ministerio como el departamento llevaron a cabo estudios de riesgo previos.
La racionalización del servicio de protección es una prioridad de los responsables de las fuerzas de seguridad. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, ya anunció el jueves que su Departamento rebajará en un 9,5% el presupuesto que dedica cada año a contratar escoltas, con lo que pasará en 2011 de 97,2 millones a 88,5. Según explicó el máximo jefe de la Ertzaintza, este recorte se había conseguido gracias a una renegociación de los contratos que se firman con las empresas privadas de seguridad, por lo que no supondrá una merma en la calidad de la protección.
Pese a todo, el gasto en esta materia ha ido en aumento de forma paulatina. En 2009, Euskadi gastó 65 millones en escoltas y esta cantidad ya había llegado a los 97 millones el año pasado. Uno de los problemas que se planteó con la llegada del PSE al Gobierno vasco fue la necesidad de contratar más escoltas para poder proteger a los nuevos altos cargos, sin que se rebajara la prestación de seguridad a los amenazados que ya contaban con algún tipo de protección. El año pasado, el ministerio y la consejería de Interior tenían contabilizadas un total de 1.492 personas con servicios de escolta en Euskadi y Navarra. De ellos, el 89% estaba atendido por vigilantes pertenecientes a empresas privadas mientras que el resto dependía de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) y de la Ertzaintza.
Violencia machista
El recorte en el gasto no procede únicamente del ahorro del salario de los escoltas que dejan de prestar servicio, sino que también está previsto reducir costes en la utilización de vehículos. Además, en el caso de la consejería de Interior, uno de los planes que se manejan es la contratación de más escoltas privados con el fin de que los agentes de la Policía autónoma que hasta ahora trabajaban en los equipos de guardaespaldas puedan volver a las comisarías y reforzar las plantillas de patrulleros.
También está previsto que la reducción de los agentes de seguridad entre antiguos cargos políticos permita reforzar las labores de protección a mujeres afectadas por la violencia machista. Según datos de la oficina de atención a las víctimas de la violencia de género, fechados en mayo, en Euskadi hay 30 mujeres que necesitan escolta.
El pasado mes de septiembre, la eliminación de los servicios de vigilancia provocó un fuerte malestar entre los afectados, en especial, en aquellos antiguos cargos políticos que residen en pequeños pueblos del País Vasco donde son conocidos, tienen como vecinos a militantes del entorno radical y deben afrontar a diario la presión de los violentos.
Los ex concejales se quejaron de que la disminución de la actividad terrorista de ETA no suponía que ellos dejaran de estar amenazados, ni que los activistas de la kale borroka cesaran en su acoso, especialmente en el caso de militantes del PSE y del PP, que veían un riesgo en el caso de que hubiera un rebrote de la violencia callejera, tal y como ha sucedido en los últimos dos meses. No obstante, esta polémica se diluyó posteriormente, ya que prácticamente coincidió en el tiempo con la decisión de ETA de anunciar un «cese de las acciones ofensivas armadas».