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Gobierno central y Consell se trasladan la responsabilidad de pagar la multa propuesta por Bruselas
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Gobierno central y Consell se trasladan la responsabilidad de pagar la multa propuesta por Bruselas
Gobierno central y Consell se trasladan la responsabilidad de pagar la multa propuesta por Bruselas
"Si se confirma esa imposición de sanción, será al Reino de España". De esta manera respondía Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda, a las declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, que esta mañana apuntaba que la multa "no la va a pagar el Estado", "la tiene que pagar quien la tiene que pagar", en referencia a la administración valenciana.
La Comisión Europea ha propuesto multar a España con casi 19 millones de euros por la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunidad Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario. Este importe es prácticamente simbólico, ya que se sitúa muy por debajo del máximo previsto en la legislación de la UE, del 0,2% del PIB nacional, que ascendería a 2.000 millones de euros en el caso de España.
Moragues, que asistía al acto de presentación del programa electoral del PPCV, apuntó que, hasta el momento, no se les ha comunicado que se haya formulado la propuesta de sanción, pero que, en caso de que se confirme, "la tiene que imponer el Ecofin, el Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea y, si se confirma esa imposición de sanción, será al Reino de España, que es al que se le ha abierto el expediente sancionador porque las cifras de déficit no son de la Comunidad Valenciana, sino de todo el Reino de España".
Moragues recordó que el Estado ha presentado recursos contra esta investigación, con "alegaciones sólidas, consistentes", en el sentido de que "se está aplicando un reglamento de noviembre de 2011 a hechos producidos con anterioridad" y que "esta circunstancia lo ha puesto de manifiesto la propia Generalitat y el propio Reino de España, a través del plan de pago a proveedores de 2012". En esta línea, añadió que "está todo debidamente contabilizado en tiempo y forma, es una práctica que corresponde al pasado, totalmente desterrada en el ámbito de la Generalitat y es una cuestión meramente contable y, en ese sentido, imputable a la Intervención de la Generalitat".
También el candidato del PSPV a la presidencia de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, afirmó que, de confirmarse la multa, "debe pagarla" el Gobierno central. Considera que esta situación es un "ataque directo a la credibilidad" de España y de la Comunidad Valenciana y ha abogado por hacer una auditoria pública de la deuda que, a su juicio, es "absolutamente descontrolada" en esta región, que es "la más endeudada de España".
Investigación desde julio de 2014
El Ejecutivo comunitario lanzó una investigación formal sobre la posible manipulación de las estadísticas de la Comunidad Valenciana en julio de 2014. Las pesquisas se han concentrado en los gastos sanitarios no reconocidos (las denominadas 'facturas en los cajones') durante el periodo 1988-2011.
Su objetivo era determinar si "por causa de unas declaraciones incorrectas de los gastos habidos en esta Comunidad Autónoma, ya fueran deliberadas o una negligencia grave, se tergiversaron los datos sobre el déficit del Estado español a lo largo de varios años" y averiguar quiénes fueron los responsables.
El posible falseamiento de las estadísticas en la Comunidad Valenciana salió a la luz en mayo de 2012, en plena crisis de deuda, cuando España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 8,9% del PIB, respecto a la cifra notificada unas semanas antes.
Ello se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en las comunidades autónomas de Valencia y Madrid. Eurostat envió de inmediato una misión de inspectores a España para determinar la naturaleza del problema. Por lo que se refiere a Madrid, consideró que el ajuste podría considerarse un caso excepcional, pero en la Comunidad Valenciana decidió lanzar una investigación en profundidad por posible manipulación continuada, que ha derivado en la actual propuesta de sanción.
Leer más: Gobierno central y Consell se trasladan la responsabilidad de pagar la multa propuesta por Bruselas - elEconomista.es http://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/6687917/05/15/Gobierno-central-y-Consell-se-trasladan-la-responsabilidad-de-pagar-la-multa-propuesta-por-Bruselas.html#Kku83afcxoIXJwuJ
"Si se confirma esa imposición de sanción, será al Reino de España". De esta manera respondía Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda, a las declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, que esta mañana apuntaba que la multa "no la va a pagar el Estado", "la tiene que pagar quien la tiene que pagar", en referencia a la administración valenciana.
La Comisión Europea ha propuesto multar a España con casi 19 millones de euros por la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunidad Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario. Este importe es prácticamente simbólico, ya que se sitúa muy por debajo del máximo previsto en la legislación de la UE, del 0,2% del PIB nacional, que ascendería a 2.000 millones de euros en el caso de España.
Moragues, que asistía al acto de presentación del programa electoral del PPCV, apuntó que, hasta el momento, no se les ha comunicado que se haya formulado la propuesta de sanción, pero que, en caso de que se confirme, "la tiene que imponer el Ecofin, el Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea y, si se confirma esa imposición de sanción, será al Reino de España, que es al que se le ha abierto el expediente sancionador porque las cifras de déficit no son de la Comunidad Valenciana, sino de todo el Reino de España".
Moragues recordó que el Estado ha presentado recursos contra esta investigación, con "alegaciones sólidas, consistentes", en el sentido de que "se está aplicando un reglamento de noviembre de 2011 a hechos producidos con anterioridad" y que "esta circunstancia lo ha puesto de manifiesto la propia Generalitat y el propio Reino de España, a través del plan de pago a proveedores de 2012". En esta línea, añadió que "está todo debidamente contabilizado en tiempo y forma, es una práctica que corresponde al pasado, totalmente desterrada en el ámbito de la Generalitat y es una cuestión meramente contable y, en ese sentido, imputable a la Intervención de la Generalitat".
También el candidato del PSPV a la presidencia de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, afirmó que, de confirmarse la multa, "debe pagarla" el Gobierno central. Considera que esta situación es un "ataque directo a la credibilidad" de España y de la Comunidad Valenciana y ha abogado por hacer una auditoria pública de la deuda que, a su juicio, es "absolutamente descontrolada" en esta región, que es "la más endeudada de España".
Investigación desde julio de 2014
El Ejecutivo comunitario lanzó una investigación formal sobre la posible manipulación de las estadísticas de la Comunidad Valenciana en julio de 2014. Las pesquisas se han concentrado en los gastos sanitarios no reconocidos (las denominadas 'facturas en los cajones') durante el periodo 1988-2011.
Su objetivo era determinar si "por causa de unas declaraciones incorrectas de los gastos habidos en esta Comunidad Autónoma, ya fueran deliberadas o una negligencia grave, se tergiversaron los datos sobre el déficit del Estado español a lo largo de varios años" y averiguar quiénes fueron los responsables.
El posible falseamiento de las estadísticas en la Comunidad Valenciana salió a la luz en mayo de 2012, en plena crisis de deuda, cuando España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 8,9% del PIB, respecto a la cifra notificada unas semanas antes.
Ello se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en las comunidades autónomas de Valencia y Madrid. Eurostat envió de inmediato una misión de inspectores a España para determinar la naturaleza del problema. Por lo que se refiere a Madrid, consideró que el ajuste podría considerarse un caso excepcional, pero en la Comunidad Valenciana decidió lanzar una investigación en profundidad por posible manipulación continuada, que ha derivado en la actual propuesta de sanción.
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