El Gobierno propone exenciones en parte de los costes del despido

El Gobierno propone exenciones en parte de los costes del despido
APUESTA POR EXPLORAR EL 'MODELO AUSTRIACO'
MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno propuso este lunes a los agentes sociales aplicar para los nuevos contratos de fomento de la contratación indefinida, "con carácter transitorio y excepcional", medidas como "la exención de una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos" para superar situaciones económicas adversas.

Según concretó en rueda de prensa el director del Gabinete para el Diálogo Social, Alfonso Morón, se trataría de explotar la posibilidad que actualmente contempla el Estatuto de los Trabajadores para empresas de menos de 25 trabajadores, para las que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) cubre el 40% del coste de los despidos procedentes.

Ésta es la principal novedad que se recoge el nuevo documento de reforma laboral del Gobierno trasladado a los agentes sociales hoy, a partir de un primer documento de propuestas de reforma laboral articulado en torno a ocho puntos a modo de 'hoja de ruta' trasladado el 5 de febrero.

Morón argumentó que "para incentivar la creación de empleo estable al Gobierno sólo se le ocurre aligerar los costes, o bonificando la contratación o eliminando la incertidumbre en los casos de despido". Así, esta medida sería incompatible con el cobro de bonificaciones.

Con todo, los representantes de los sindicatos negaron que estas cuestiones aparecieran en la reunión de la mesa del diálogo social. Según el secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, "en la mesa no se han tratado estos temas".

MAYOR USO DE LA INDEMNIZACIÓN DE 33 DÍAS.

Otra de las novedades del documento es el impulso del contrato de fomento --indemnización de 33 días en lugar de 45 días-- "igualando el coste de indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias, como sucede en el contrato indefinido ordinario".

En la actualidad, el contrato de fomento sólo contempla una indemnización de 33 días en el caso de despido improcedente por causas económicas, con lo que la medida propuesta por el Gobierno extendería esta modalidad más barata también a aquellos despidos por causas disciplinares.

SIN NOTICIAS DEL MODELO AUSTRIACO.

Por otro lado, el Gobierno propuso adaptar el modelo laboral austriaco para fomentar, entre otras cosas, una movilidad más "sana", si bien, según Morón, "aún no ha formulado una propuesta" concreta. De esta forma, no confirmó si esta adaptación pasa por la creación de un fondo por despido para cada trabajador a partir de aportaciones empresariales.

Al respecto, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, indicó que "no se puede improvisar en meses" la adaptación del modelo austriaco, y quiso dejar claro que ello llevará tiempo para "evitar frustraciones".

Ahora bien, el Ejecutivo puso sobre la mesa "recuperar en la práctica la causalidad del despido y el derecho a la tutela judicial efectiva". "Ello aconsejaría profundizar en cómo objetivar con mayor claridad las causas de los despidos económicos y en cómo deberían regularse ciertas prácticas que han desnaturalizado los procedimientos de extinción de contratos", añade el documento.

Al respecto, tanto Górriz como Ferrer reiteraron que están dispuestos a hablar de contratación, pero no de la renuncia a la tutela judicial ni al abaratamiento del despido, ni reducir las causas del despido, al considerar que las actuales son suficientes.

Por otro lado, preguntado por si el Gobierno está abierto a rebajar cotizaciones sociales a las empresas, se limitó a señalar que la CEOE ha planteado "con sinceridad" su propuesta al respecto, pero que el Gobierno no ha recogido una medida en esta dirección en su propuesta.

Otras de las cuestiones planteadas por el Gobierno son la necesidad de ampliar el uso del trabajo a tiempo parcial, el incremento de las bonificaciones por contratación indefinida de jóvenes, un mayor uso de los contratos de formación, un plan específico para el empleo de jóvenes y la revisión del sistema de bonificaciones. Por último, el documento del Gobierno también incluye actuaciones para fomentar el uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal del empleo.

Asimismo, el Gobierno asegura que mantendrá, al menos en los próximos dos años, la contratación de orientadores para facilitar la búsqueda de empleo a parados, pero consideró "obligado" analizar la apertura de la intermediación a empresas de trabajo temporal.

NO HAY ACUERDO A LA VISTA.

Por otro lado, Morón avanzó que si bien las partes se dieron hasta finales de abril para cerrar un acuerdo de reforma laboral, éste siempre fue un plazo "orientativo con lo que el mes de abril "no será un obstáculo para seguir negociando", algo que también apoyaron los sindicatos. En este sentido, Ferrer indicó que "el final de abril puede acabar el 20 de mayo", mientras que Górriz habló de finales de mayo o ya el mes de junio.

Además, Morón negó que la intención del Gobierno fuese presentar hoy un guión definitivo de reforma laboral y, en este sentido, el documento ya indica que "no es un documento final, sino un paso más respecto al documento inicial", presentado el 5 de febrero.

Y es que, aunque ambos sindicatos consideraron que la propuesta del Gobierno no encierra un recorte de derechos, según CC.OO. el perfil de la propuesta del Gobierno está "alejado de un acuerdo" y refleja "ambigüedades".

Además, los sindicatos coincidieron en alcanzar acuerdos sobre cuestiones urgentes y dar un margen a la negociación para alcanzar pactos sobre materias estructurales, entre los que incluyó todo lo relacionado con la contratación.

Por su parte, Ferrer consideró que "todas las partes deben asumir el mismo grado de compromiso" y avanzó que, en lo que respecta a UGT, el sindicato es optimista pese a que, como en el caso de CC.OO., ve "ambigüedades" en cuestiones como la contratación.

Por último, los representantes de la patronal no comparecieron ante los medios, si bien fuentes de la CEOE indicaron que "analizarán" el documento del Gobierno con "atención y determinación", y expresaron su voluntad de "alcanzar acuerdos ambiciosos y con contenido"

El Gobierno propone el modelo austríaco, con un fondo complementario del despido
Lo financiarían las empresas y el trabajador lo conservaría al cambiar de empleo
Se abre la puerta a las ETT privadas y descarta penalizar la temporalidad
Pretende centrar las bonificaciones en los parados entre 16 y 30 años
El Gobierno ha entregado este lunes a las patronales y los sindicatos una nueva propuesta para la reforma del mercado laboral en la que apuesta por crear un fondo financiado por las empresas que serviría para pagar a cada trabajador en caso de despido. Ese dinero complementaría la prestación que se cobra por desempleo y, lo que no se gaste durante el período de paro, se lo podría llevar el trabajador a su nueva empresa. Ese modelo, conocido como modelo austríaco, podría servir, según el Ejecutivo, para "incrementar la estabilidad en el empleo y fomentar una movilidad laboral más sana".

El documento presentado es "una síntesis" de todo lo negociado hasta ahora en la mesa de diálogo social, según el Ejecutivo, y tiene como punto de partida los capítulos generales que el presidente del Gobierno marcó como prioritarios en su reunión con los agentes sociales el pasado 5 de febrero.

En contra de lo declarado por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, quien creía viable lograr un acuerdo en este mes de abril, el portavoz ministerial en la reunión de este lunes, Alfonso Morón, ha advertido que el plazo de abril era sólo "orientativo".

Entrada de las ETT privadas
El documento -presentado este lunes en una reunión de casi tres horas y calificado por el Ministerio de Trabajo como "una síntesis" de lo negociado hasta ahora en la mesa de diálogo social- desaconseja penalizar la contratación temporal, aunque recomienda evitar que se encadenen varios contratos temporales.

También se abre la puerta a que las empresas privadas de colocación con ánimo de lucro colaboren en las tareas de intermediación laboral. En el texto se propone fijar algunas exigencias a esas entidades privadas, como la de reservar cierto porcentaje de su actividad "a colectivos de trabajadores con especiales dificultades de acceso al empleo", asegurar la "gratuidad total" de sus servicios para los trabajadores, o establecer "todas las garantías necesarias para segurara el respeto a la intimidad de los trabajadores en el tratamiento de sus datos". Esta medida, según ha informado RNE, no ha gustado a los representantes de los sindicatos.

Reducción "excepcional" de los costes de contratos
El Gobierno pide a los agentes sociales que estudien la posibilidad de aplicar "con carácter transitorio y excepcional" la exención de "una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos" a los nuevos contratos de fomento de la contratación indefinida (con una indemnización por despido de 33 días por año trabajado).

Aunque esa exención se haría "sin afectar a los derechos de los trabajadores", especifica el documento.

Fomento del empleo juvenil
El texto incluye la revisión de la actual política de bonificaciones que, según propone, deberían concentrarse en los contratos a jóvenes de 16 a 30 años con especiales problemas de empleabilidad.

"Se podrían incrementar sustancialmente las actuales bonificaciones por la contratación indefinida inicial de jóvenes en esas edades" así como, continúa el texto,"elevar sustancialmente la bonificación por la conversión de contratos para la formación y en prácticas en contratos indefinidos", siempre que con eso se ampliase la plantilla de indefinidos de la empresa.

Dentro de esa revisión también se incluiría el aumento de las bonificaciones a los contratos indefinidos iniciales para desempleados de larga duración mayores de 45 años. En ambos casos -jóvenes y mayores de 45 años- se aplicaría una mayor bonificación a los contratos a mujeres.

Becarios hasta los 24 años
También se quiere impulsar un mayor uso de los contratos de formación para jóvenes. Para ello, recoge varias iniciativas posibles como la de ampliar hasta los 24 años la edad máxima de los trabajadores que pueden acogerse a ese tipo de contratos, o la de eximir de todas las cotizaciones sociales a los empresarios durante toda la vigencia del contrato de formación, siempre y cuando -advierte el documento- "los nuevos contratos no conlleven efecto de sustitución respecto a la plantilla total de la empresa".

Además, el Gobierno cita como posibilidad la mejora del salario de los trabajadores en formación, igualándolo al salario mínimo interprofesional en el segundo año de vigencia del contrato.

Plan de formación para los jóvenes
Por otra parte, el documento considera necesario articular un plan específico de formación para los jóvenes de 16 a 24 años que carecen de un título superior al de la Educación Secundaria o Formación Profesional, el colectivo "más fuertemente afectado por el desempleo", sentencia.

Esos cursos específicos estarían co-financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios similares de las comunidades autónomas.

Las claves de la nueva propuesta laboral del Gobierno
Se propone abaratar el despido extendiendo el contrato de fomento
La indemnización sería de 33 días por año en lugar de 45
De forma temporal, parte de los costes de despido los asumiría el Estado
El gobierno ha abierto la puerta a un abaratamiento del despido en su última propuesta de reforma laboral, en la que plantea la extensión del contrato de fomento de la contratación indefinida, existente desde 1997 y que recoge una indemnización de 33 días por año trabajado en lugar de los 45 días del contrato indefinido ordinario.

Tras abrir el diálogo social tripartito para la reforma del mercado de trabajo el pasado 5 de febrero, el Gobierno remitía este lunes una nueva batería de propuestas a los agentes sociales, que en algunos casos profundizan las medidas ya presentadas y en otros suponen la incorporación de nuevas iniciativas.

Asimismo, destaca la posibilidad de que el Estado asuma, a través del Fogasa, parte de las indemnizaciones por despidos "colectivos y objetivos" durante un período de tiempo, que no se define en el texto. Estas son las claves del documento.

Se abre la puerta a abaratar el despido ampliando la utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida, por ejemplo, permitiendo que "los contratos temporales puedan transformarse en contratos de fomento de la contratación indefinida".
Este contrato recoge una indemnización por despido de 33 días para los despidos improcedentes por causas económicas y de 45 días para los despidos improcedentes por causas disciplinarias, pero el Gobierno propone "igualar el coste de indemnización por despido improcedente por causa económicas y disciplinarias", es decir, dejarlo en 33 días para todos los casos. Así, partiendo del salario medio en España, una persona que acceda a un contrato indefinido a través de esta modalidad y que fuera despedida a los 10 años cobraría una indemnización de 18.691,1 euros, frente a los 25.487,9 de un trabajador con contrato indefinido ordinario.
Aunque sólo "con carácter transitorio y excepcional", se plantea "eximir de una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos para superar situaciones económicas adversas que existen ya en nuestra legislación". El texto no lo recoge, pero desde el Ministerio de Trabajo explican que se trataría de extender a todas las empresas una posibilidad que recoge el Estatuto de Trabajadores para las empresas de menos de 25 trabajadores, en las que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asume el 40% del coste de los despidos procedentes.
Concentrar los contratos bonificados, que ahora son prácticamente universales (únicamente los hombres de 30 a 45 años no están bonificados) en dos colectivos: los jóvenes de entre 16 y 30 años y los mayores de 45 años, aunque con mayores bonificaciones para las empresas si contratan a mujeres.
Además de las bonificaciones, el empleo para jóvenes es uno de los ejes, por lo que se propone ampliar el uso del contrato de formación con varias medidas, como extender la edad máxima de 21 a 24 años, eximir de cotizaciones sociales a las empresas si el joven en formación no sustituye a un trabajador de plantilla o que el Estado costee la formación teórica.
También se plantea, en términos muy generales, el modelo austríaco, según el cual las empresas costearían un fondo de previsión para los trabajadores a los que estos podrían recurrir en caso de desempleo y que podrían trasladar, si no lo agotan o cambian de trabajo, a su nuevo empleo. El objetivo sería "incrementar la estabilidad en el empleo y fomentar una movilidad laboral más sana".
Se abre la puerta a "las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro", que competirían con el INEM en la intermediación laboral, y se propone eliminar restricciones a la actuación de las empresas de trabajo temporal.