El ministro del Interior planea reducir el número de escoltas a la mitad en dos meses

El ministro del Interior planea reducir el número de escoltas a la mitad en dos meses

La intención de Rubalcaba es que quien tenga dos agentes asignados se quede con uno, aunque hay casos de desprotección total. El plan se alargará hasta noviembre, cuando se espera otro comunicado de ETA.

El Ministerio del Interior continuará reduciendo la protección a los políticos, empresarios y jueces del País Vasco. Así lo anunció ayer a LA GACETA el portavoz de la Asociación Española de Escoltas (ASES), Vicente de la Cruz, quien desveló que “existe un plan del Gobierno para reducir un 50% el número de escoltas a medio plazo”.

El objetivo, aseguró, es que las personalidades que tengan dos guardaespaldas pasen ahora a ser protegidos por un solo profesional. Esto, explica De la Cruz, permitiría al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, seguir sosteniendo el mensaje de que “no hay nadie sin protección”. Sin embargo, LA GACETA ha podido comprobar que existen personas a las que Interior ha dejado sin ningún tipo de protección.

El portavoz de ASES entiende que la iniciativa del Gobierno se irá tomando paulatinamente a lo largo de los próximos dos meses. Aunque asegura que ya empezó a notarse a principios del verano, cuando el ministerio ordenó dar de baja a 90 profesionales en el País Vasco y 40 en Navarra. Para el representante del colectivo, la reducción de escoltas no puede hacerse de manera precipitada y de golpe. “Cualquier rebaja en este sentido sería una decisión muy equivocada”, apuntó. "Estas decisiones requieren de un proceso reflexivo que se alargue en el tiempo, ya que estamos hablando de las vidas de las personas", añadió.

La medida se ha producido además en un momento delicado, ya que coincide con el anuncio de alto el fuego por parte de ETA. Un alto el fuego, además, muy sui géneris, ya que se refiere a la paralización de "acciones armadas ofensivas". Esta expresión, según los expertos consultados, deja la puerta abierta a ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales, entre otros colectivos considerados como hostiles tradicionalmente por la banda y cuyas acciones contra ellos podrían ser consideradas defensivas.

Asimismo, fuera de este concepto quedarían también los actos de violencia callejera o la extorsión, que –a diferencia de los asesinatos– sí se han seguido produciendo durante el último año.

¿Qué tregua?
Vicente de la Cruz también entiende, en este sentido, que se trata de una tregua muy particular. "No es una tregua, es una tregua condicionada a que el Gobierno abra una nueva negociación con la banda", analizó el portavoz de los escoltas, que ha recomendado a sus asociados no bajar la guardia precisamente en este momento. "Les he transmitido tranquilidad, porque había una gran tensión en el colectivo después de conocerse la noticia del recorte, y que mantengan la guardia alta", aseguró.

De la Cruz afirmó que en estos momentos "parece que hay posibilidades de que se produzca una ruptura en el seno de la banda terrorista que lleve a una escisión, lo cual generaría un panorama peligroso para los escoltas, muchos de los cuales ya no tendrán acompañante".

Asimismo, el presidente del colectivo denuncia que en ningún momento ha sido informado por el Ministerio del Interior de la reducción de profesionales. "No han transmitido información sobre las bajas a nadie, tampoco a los partidos políticos que se ven afectados por la medida", sentenció.

La reducción ordenada por Interior el pasado mes de junio, que dejó sin trabajo a 130 profesionales de la protección, no ha sido la primera. Una anterior oleada provocó la retirada de otros 60 guardaespaldas, tal y como informó LA GACETA el pasado mes de marzo.

El plan del Gobierno para reducir escoltas se alargará durante los próximos dos meses, con lo que culminará a finales de noviembre o principios de diciembre, coincidiendo con la fecha en la que se espera que ETA lance el próximo comunicado. LA GACETA informó de que fuentes de la lucha antiterrorista esperan que la banda se vuelva a pronunciar esos días y no durante el Gudari Eguna del 27 de septiembre, como han apuntado otros medios.

En la actualidad, trabajan en España unos 5.000 escoltas, casi el 90% de ellos privados. Más de la mitad se concentra en el País Vasco y Navarra, donde además reciben un plus de peligrosidad. Algunas fuentes consultadas por LA GACETA aseguran que uno de los motivos por los que se está reduciendo el número de escoltas es el alto coste económico que supone mantener los servicios de protección de personas. Cada escolta cuesta al Gobierno alrededor de 7.000 euros al mes, una cifra que se entrega directamente a las empresas de seguridad que gestionan a los guardaespaldas. Estas compañías se quedan con más de 4.000 euros cada mes. El resto se reparte entre pagar la Seguridad Social del profesional y abonarle su salario.

Otras fuentes consultadas aseguran que es el ministro del Interior quien está llevando personalmente el timón del plan para reducir el número de escoltas que operan en el País Vasco y Navarra. Esta última posibilidad –compatible con la primera– encaja con el hecho de que las órdenes para rebajar personal se produzcan en los meses previos y posterior al comunicado de alto el fuego de ETA y en paralelo a otras sospechosas decisiones tomadas por Instituciones Penitenciarias. Entre estas últimas órdenes destacan los traslados de presos de ETA –algunos muy sanguinarios– a cárceles vascas o cercanas al País Vasco, como Nanclares de Oca.