Piden la nulidad del caso contra dos guardias civiles

Piden la nulidad del caso contra dos guardias civiles

Asuntos Internos le seguía la pista. Sospechaba de los vínculos entre el cabo Carlos P., destinado en el puesto de la Guardia Civil de Tavernes Blanques, y el narcotráfico. Instalaron un micrófono oculto en el vehículo oficial. El juez lo autorizó. Meses después, el sospechoso fue detenido por su relación con una red que introducía grandes cantidades de droga a través del puerto de Valencia. El agente está preso. Aquel micrófono permitió, además, descubrir los golpes, insultos y vejaciones que él y su compañero infligieron presuntamente a un detenido.

El juicio comenzó ayer en la Audiencia de Valencia. Pero antes de los interrogatorios, las defensas solicitaron la nulidad de esas escuchas. Dicen que son ilegales. La Sección Tercera suspendió la vista. En octubre resolverá.

Ocurrió en enero de 2008. El cabo y un compañero, Antonio C. fueron requeridos por un guardia de seguridad del centro comercial Alcampo de Alboraia. Tenía retenido a un joven por una falta de hurto. Le montaron en el coche oficial de los agentes; le llevaron a un barranco. Le golpearon con la porra, le insultaron y amenazaron con darle una paliza «que le haría mear sangre». Como era cubano, le obligaron a bailar salsa.

Asuntos Internos silenció temporalmente este episodio para no arriesgar la operación contra el tráfico de drogas. Detenidos los narcotraficantes, la Guardia Civil denunció las torturas. Carlos P. sigue preso por las drogas. Por las torturas se enfrenta, como su compañero, a dos años de cárcel y diez de inhabilitación.
Para el vigilante que no hizo nada por evitar la agresión, el fiscal pide nueve meses de cárcel y 6 años de inhabilitación.

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