La Justicia reconoce por primera vez la agresión a un docente como atentado a la autoridad

La Justicia reconoce por primera vez la agresión a un docente como atentado a la autoridad
La sentencia, pionera en Andalucía, considera que la madre de un alumno dañó la posición de la directora frente a terceros al atacarla

En la imagen, un grupo de docentes protesta en Jerez contra las agresiones al profesorado. :: SUR

Nueva conquista ante la Justicia por parte del personal docente. Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga sienta precedente al convertirse en el primer fallo judicial registrado en el territorio andaluz que califica la agresión a un profesor como atentado contra la autoridad, aspecto que se había tornado en una vieja reivindicación de los trabajadores de la enseñanza. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, condena a la madre de un alumno de un instituto de la capital a un año de prisión y a pagar una indemnización de 600 euros por perjudicar conscientemente la posición de la responsable del centro. «El acometimiento se dirigía contra la directora del IES con la finalidad de atentar contra la autoridad que ello representaba, dañando su posición frente a los terceros que presenciaron la situación generada», reza el escrito.
La principal novedad del caso, tramitado por el Gabinete Jurídico de la Federación de Enseñanza de CC OO de Andalucía, es que se trata de la primera vez que un juez otorga el tratamiento de «autoridad» a la directora de un centro educativo. «Ya había sentencias condenatorias calificando la agresión a un docente como de atentado contra un funcionario público, pero la importancia de esta radica en el hecho de que se reconozca a la víctima como autoridad pública», explicó ayer la abogada que ha llevado la demanda, María Dolores López, al tiempo que subrayó su valor por el carácter «ejemplarizante y disuasorio» que tendrá su aplicación, «ya que supone un paso más para erradicar este tipo de actos», indicó.
Los hechos sucedieron hace tres años, el 21 de marzo de 2007. Ese día, tal y como recoge el escrito, la mujer se presentó en el instituto para pedir explicaciones sobre la situación de su hijo que, al parecer, llevaba un mes sin acudir a clase sin que nadie se lo hubiese notificado. Según la sentencia, la acusada generó tal alboroto que hizo que se personase la responsable del centro, a la que gritó «eres una mierda», y «tienes la cabeza como una maceta», entre otras expresiones. La acusada -continúa el relato- «introdujo las manos en el interior de secretaría por la ventanilla de atención, propinándole un manotazo a la directora que la alcanzó en la mejilla». Asimismo, la amenazó diciéndole «acércate y verás lo que es pegar» y «te voy a rajar».
Por todo ello, la magistrada considera estos hechos constitutivos «de un delito de atentado, previsto y penado en los artículos 550 y 551 del Código Penal» teniendo en cuenta que la funcionaria atacada se hallaba «en el ejercicio de las funciones de su cargo» y que su agresora tenía conocimiento «de la cualidad y actividad del sujeto pasivo», por lo que se infiere de la agresión el «dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad», concluye.
Un año de prisión
Con estos mimbres, la sentencia condena a la madre del alumno a la pena de un año de prisión (que no cumplirá al carecer de antecedentes), al abono de 600 euros en concepto de indemnización por daño moral más los intereses legales y a las costas procesales. Al respecto, la jueza entiende necesario «instar a la reparación del honor» de la directora que, tras la agresión, estuvo tres meses de baja y «se vio obligada a pedir el traslado y cambiar de localidad».
El secretario de la Federación de Enseñanza de CC OO en Andalucía, José Blanco, celebró «la claridad» de la sentencia y que sea el propio consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, el que esté iniciando procedimientos con el Ministerio Fiscal para luchar contra la conflictividad en los centros educativos.
Por su parte, el delegado de Educación, Antonio Escámez, recordó que se trata de la tercera vez en lo que va de año que se reconoce la agresión a un profesor como atentado contra funcionario público, resolución que tildó de «muy positiva», tanto para la comunidad docente como para la sociedad en general. «El sistema educativo tiene mecanismos garantistas para resolver los problemas sin llegar a la violencia», dijo al tiempo que abogó por la cultura preventiva.