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Se multiplican los trabajadores que no cobran ni sueldo ni paro
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Se multiplican los trabajadores que no cobran ni sueldo ni paro
Se multiplican los trabajadores que no cobran ni sueldo ni paro
Los empleados de las empresas que convocan un concurso de acreedores están en esta situación.
En ocasiones los trabajadores tienen que seguir acudiendo a su puesto para no perder derechos.
Imagen de archivo de una de las concentraciones de protesta de los trabajadores de Air Comet. (Imagen: Gustavo Cuevas / EFE)
Cuando una empresa inicia un procedimiento concursal sus trabajadores se encuentran en una encerrona laboral de muy difícil salida: su contrato sigue en vigor y, por tanto, no pueden cobrar su salario ni el paro, pese a que en algunos casos incluso siguen yendo a trabajar. Un vacío legal que deja a multitud de trabajadores sin percibir ningún ingreso durante meses.
Con la crisis, el número de empresas que han convocado el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) se ha multiplicado por seis: de las 250 que de media recurrían a esta posibilidad cada trimestre en 2007 a las 1.542 que lo hicieron entre octubre y diciembre de 2009. Hasta cuatro meses después no pudimos cobrar el paro
"Hace casi un año acudimos una mañana a trabajar y la persiana de la empresa, Escuela de Oficios, estaba bajada. La empresa siguió cotizando dos meses por nosotros, aunque no nos pagaba. Y hasta cuatro meses después no pudimos cobrar el paro". El testimonio es de una mujer que prefiere mantener el anonimato y que, hasta hace apenas un mes, no ha recibido su carta de despido.
Una "situación injusta"
"Es una de las situaciones más injustas: la gente ha trabajado, ha cotizado, y se encuentra en una situación de total indefensión". Melina Perugini, de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, lo tiene claro y pide que se actúe.
Según los datos que manejan en la asociación, el retraso medio para la pronunciación de un juez autorizando la extinción colectiva de los contratos es de diez meses. "Es entonces cuando se producen las cartas de despido. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), dedicado a cubrir estas situaciones, les paga la indemnización (20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades) y luego ya pasan a cobrar el desempleo".
Pero si la empresa encima sigue operando, los propios empleados se cansan de ir a trabajar y no cobrar, por lo que acaban marchándose y perdiendo, por tanto, los derechos adquiridos.
Según Perugini, tendría que permitirse "que se pudiese cobrar cautelarmente mientras se resuelve el proceso concursal". Por eso reclama al Gobierno que legisle para protegerles, como se hizo con los afectados por un ERE temporal que luego se convierte en definitivo y que perdían las prestaciones de esos meses.
"Somos trabajadores en suspenso"
Mario Alberich, piloto y portavoz de trabajadores de air comet. Los 590 trabajadores de Air Comet (la aerolínea del jefe de la patronal, Díaz Ferrán), están a punto de entrar en un desierto legal que les va a dejar sin ningún tipo de ingresos. Ahora están cobrando 4 meses de paro porque Air Comet se acogió al punto 5.3 de la ley concursal, que ha otorgado a la compañía un paréntesis que finaliza en junio para encontrar un comprador que quiera reflotar la aerolínea. Si no lo encuentran, se declarará el concurso de acreedores (la quiebra). "Estamos, cómo decirlo, en suspenso. Empezará así un proceso legal que nos llevará a la ruina. Air Comet seguirá pagando las cotizaciones a la Seguridad Social por nosotros, por lo que aumentará su deuda, pero a nosotros no nos pagarán la nómina ni tendremos derecho a paro, y tendremos que tirar de nuestros ahorros. Y encima nos deben 7 meses de nóminas. Al final tendremos que cobrar del Fogasa"
Los empleados de las empresas que convocan un concurso de acreedores están en esta situación.
En ocasiones los trabajadores tienen que seguir acudiendo a su puesto para no perder derechos.
Imagen de archivo de una de las concentraciones de protesta de los trabajadores de Air Comet. (Imagen: Gustavo Cuevas / EFE)
Cuando una empresa inicia un procedimiento concursal sus trabajadores se encuentran en una encerrona laboral de muy difícil salida: su contrato sigue en vigor y, por tanto, no pueden cobrar su salario ni el paro, pese a que en algunos casos incluso siguen yendo a trabajar. Un vacío legal que deja a multitud de trabajadores sin percibir ningún ingreso durante meses.
Con la crisis, el número de empresas que han convocado el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) se ha multiplicado por seis: de las 250 que de media recurrían a esta posibilidad cada trimestre en 2007 a las 1.542 que lo hicieron entre octubre y diciembre de 2009. Hasta cuatro meses después no pudimos cobrar el paro
"Hace casi un año acudimos una mañana a trabajar y la persiana de la empresa, Escuela de Oficios, estaba bajada. La empresa siguió cotizando dos meses por nosotros, aunque no nos pagaba. Y hasta cuatro meses después no pudimos cobrar el paro". El testimonio es de una mujer que prefiere mantener el anonimato y que, hasta hace apenas un mes, no ha recibido su carta de despido.
Una "situación injusta"
"Es una de las situaciones más injustas: la gente ha trabajado, ha cotizado, y se encuentra en una situación de total indefensión". Melina Perugini, de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, lo tiene claro y pide que se actúe.
Según los datos que manejan en la asociación, el retraso medio para la pronunciación de un juez autorizando la extinción colectiva de los contratos es de diez meses. "Es entonces cuando se producen las cartas de despido. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), dedicado a cubrir estas situaciones, les paga la indemnización (20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades) y luego ya pasan a cobrar el desempleo".
Pero si la empresa encima sigue operando, los propios empleados se cansan de ir a trabajar y no cobrar, por lo que acaban marchándose y perdiendo, por tanto, los derechos adquiridos.
Según Perugini, tendría que permitirse "que se pudiese cobrar cautelarmente mientras se resuelve el proceso concursal". Por eso reclama al Gobierno que legisle para protegerles, como se hizo con los afectados por un ERE temporal que luego se convierte en definitivo y que perdían las prestaciones de esos meses.
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