El sector de la seguridad privada explota: nadie ha reconocido a los vigilantes del 11-M

El sector de la seguridad privada explota: nadie ha reconocido a los vigilantes del 11-M

Una docena de agentes uniformados atendió a las víctimas en los andenes de Atocha tras el estallido de las bombas, pero estos solo han sido homenajeados por el sector

22.11.201605:00 H.
Desde que Madrid sufriera los atentados del 11 de marzo de 2004, las administraciones públicas han reconocido a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y a las víctimas de la catástrofe que acabó con la vida de 193 personas por sus actos heroicos y su valor durante las 10 explosiones que los yihadistas colocaron en cuatro estaciones de tren. Algunos eran homenajeados y otros, condecorados. Sin embargo, entre ellos nunca ha habido vigilantes de seguridad.

Una docena de vigilantes de seguridad privada atendieron a los cientos de personas heridas que había en los andenes de Atocha. Fueron los primeros profesionales en llegar porque trabajaban allí, a pie de obra, controlando accesos y zonas de paso. Auxiliaron a los lesionados y facilitaron la evacuación de los vagones antes de que aparecieran las ambulancias, los policías nacionales o los municipales, responsables al fin y al cabo de gestionar una emergencia de tales dimensiones. Sin embargo, el Ministerio del Interior no ha reconocido a ninguno de ellos.

Así lo ha puesto de manifiesto hoy el secretario general de la patronal de empresas de seguridad, Eduardo Cobas, durante la presentación de una encuesta sobre el sector elaborada por Canal Sondeo. Cobas ha admitido su decepción porque ningún Gobierno se haya atrevido a reconocer públicamente la labor de esa docena de vigilantes que hicieron todo lo posible por atender a los viajeros, tanto a los heridos como a los que querían salir. La mayoría de estos profesionales, ha subrayado Cobas, han estado en tratamiento psicológico durante mucho tiempo por la traumática experiencia que vivieron.

Hoy por hoy, todos están recuperados y algunos han vuelto a ejercer tareas de seguridad, ha explicado el secretario general de Aproser, quien también ha confesado sentir un poco de envidia de Francia, que sí ha homenajeado a los vigilantes que ayudaron a los ciudadanos tras los últimos atentados sufridos por el país. Se han ocultado las identidades, pero se les ha hecho algún tipo de reconocimiento con el fin de honrar y agradecer la labor que han prestado a sus compatriotas, detalla Cobas.

Hace dos años, la Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada se quejó ante la Delegación del Gobierno y la Secretaría de Estado de Seguridad de que ningún organismo público había tenido un detalle con los vigilantes. Solo la entonces delegada, Cristina Cifuentes, respondió a su petición asegurando que haría llegar sus quejas al Ministerio del Interior, que sin embargo nunca tomó una medida de reparación social.

Cobas admite que durante estos últimos 12 años el sector sí que ha homenajeado a los profesionales que actuaron el 11-M, pero se queja de que este reconocimiento no haya venido nunca del Ministerio del Interior ni de la Administración en general. Durante la mencionada presentación, el secretario general de Aproser ha destacado, en la misma línea, que la mayoría de los encuestados (el 73%) considera que la profesión de vigilante no tiene el reconocimiento social adecuado. Solo una de cada cuatro personas cree que sí.

Aun así, según el mismo sondeo, "la percepción sobre los vigilantes de seguridad ha mejorado en los últimos años". Así lo percibe el 62% de los encuestados, que también en ese mismo porcentaje valora como buena o muy buena la existencia de esta figura. Siete de cada 10, además, ven con buenos ojos que los vigilantes controlen infraestructuras críticas en un contexto de incremento de la amenaza del terrorismo internacional. En este sentido, en España el Gobierno pretende introducir un modelo mixto de protección de estas instalaciones, donde ya se han desplegado 200 guardias civiles en colaboración con vigilantes.

Elementos como los filtros para seleccionar a los profesionales que se encarguen del control de estas infraestructuras o la presencia de miembros de seguridad privada en calles y zonas comerciales, sin embargo, se encuentran aún pendientes de que el Ejecutivo desarrolle reglamentariamente la Ley de Seguridad Privada, aprobada en abril de 2014 por el Congreso de los Diputados. Este es uno de los retos que de hecho planteará el presidente de Aproser, Ángel Córdoba, al nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la reunión que el primero pedirá al segundo en los próximos días.


Un sector diferente

En ese encuentro, Córdoba también pretende hacer ver a Zoido que la reforma laboral del Gobierno debe ser matizada en sectores en los que, como el de la seguridad privada, existe una fuerte presencia de mano de obra. "No son iguales al resto", ha asegurado el presidente de la patronal en la mencionada presentación. Córdoba ha explicado que las empresas que se descuelgan del convenio para ofrecer un precio más bajo que el resto y llevarse los concursos, que básicamente se adjudican a la oferta más barata, lo que hacen en el fondo es "competencia desleal".

El incremento durante los últimos años de empresas de seguridad que bajan el sueldo a sus empleados hasta apenas 700 euros al mes, con el fin de poder concurrir a una oferta pública lo más barato posible, está rompiendo el sector en dos. Por un lado, las mercantiles que están dispuestas a pagar por debajo de convenio y, por otro, las que tienen intención de seguir respetando el pacto con los sindicatos, que en algunos casos han declarado una auténtica guerra judicial a sociedades como Alcor o Seguridad Integral Canaria, a las que denominan piratas del sector.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/amp/espana/2016-11-22/seguridad-privada-reconocimiento-vigilantes-11m_1293075/

Un empresario de seguridad despide a sus empleados por denunciar que cobran en 'B'

La Policía asegura que se limitaron a colaborar con la Justicia, que mantiene imputado al dueño de la mercantil por delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública

14.04.201705:00 H.
El propietario de la empresa de seguridad Viriato, José L. M., despidió el pasado 10 de marzo a dos de sus empleados después de que estos denunciaran ante la Policía Nacional que cobraban en dinero negro las horas extraordinarias que echaban. En sendas cartas remitidas a los ya extrabajadores, la mercantil les comunica a ambos el despido disciplinario y argumenta que se lleva a cabo porque los dos han "transgredido la buena fe contractual". Las misivas aseguran que la sociedad toma esta decisión no por colaborar con la Justicia, sino por "manipular imágenes, documentos y hechos a sabiendas de que así, y a través de la autoridad policial, inferían un grave daño de imagen a la empresa".

El dueño de la mercantil, que se encuentra imputado por el Juzgado número 1 de Molina de Segura (Murcia) por delito contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública gracias al testimonio de estos ahora exempleados, acusa a los trabajadores de mentir en sus declaraciones, que apuntaban a que la compañía les daba "dinero en efectivo en sobres pequeños de color marrón", extremo que la Policía considera confirmado en sus informes, basados en las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Cartagena, que captaron a dos vigilantes recibiendo las mencionadas entregas.


Entre 60 y hasta 500 euros

Las imágenes, concluye la Policía, "corroboran" que el pago en negro se realiza en este recinto en los citados sobres, que cuentan con una pegatina blanca donde se reflejan el nombre, los apellidos y la cantidad a percibir por el vigilante en concepto de horas extra, que fluctuaba según el mes. En concreto, se situaba entre los 60 euros de las épocas en las que menos horas extras hacían los empleados hasta los 500 que en ocasiones recibían en verano, cuando por necesidades del servicio tenían que trabajar más tiempo.


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La firma considera que las acusaciones de los empleados son falsas, que los sobres marrones los usa para entregar documentación laboral tipo nóminas o registros de jornada, que los testimonios ante la Policía de estos dos trabajadores y de otros estaban planificados con anterioridad, que las imágenes grabadas fueron fruto de un montaje previo y que en ellas no se puede discernir el contenido de los sobres. Todo se ha hecho, según la mercantil, con el fin de "urdir una trama para desprestigiar y hundir a la empresa".
Aprovecha de este modo Viriato para defenderse en el marco del procedimiento judicial que instruye el Juzgado número 1 de Molina de Segura tras la denuncia presentada por el abogado Ismael Franco en nombre del secretario general de la Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, Basilio Febles, quien en su escrito encuadra el comportamiento de la mercantil en el marco de los "comportamientos dañinos" que están realizando empresas de seguridad propiciados por la crisis económica.


"Las cuantías de las defraudaciones en una plantilla tan amplia como la de la mercantil denunciada es muy elevada", según el sindicato, que habla de "millones de euros" con base en "otros comportamientos similares" llevados a cabo por firmas parecidas —a las que la organización denomina 'piratas'— que también se encuentran inmersas en procedimientos judiciales. La cantidad exacta que ha defraudado Viriato, sin embargo, aún no está determinada en sede judicial, ya que por el momento no ha habido informe al respecto de la Agencia Tributaria.


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El sindicato resalta en su denuncia que las horas extraordinarias que habitualmente echan los más de 600 empleados de esta sociedad y que esta debería abonar como tales, sin embargo, no aparecen reflejadas de este modo, sino que la mercantil las abona "en sobre en metálico y en dinero B". En algunos casos, continúa, "se pagan como horas ordinarias", comportamientos que son de sobra conocidos por quienes integran la plantilla e incluso "por la administración pública competente" debido a las actas de infracción que ante esta se presentan.
Cuadrantes de servicio

Para demostrar sus acusaciones, además de las declaraciones de los dos empleados mencionados y las imágenes grabadas, el sindicato ha presentado los cuadrantes de servicio que vendrían a reflejar las horas trabajadas realmente por el personal y las mencionadas grabaciones. Según estas pruebas, argumenta el denunciante, Viriato estaría pagando en 'B' las horas extra en los citados sobres marrones, y los empleados a cambio estarían firmando un recibí sin copia para ellos desde 2009 hasta al menos el momento en que se presentó la demanda, que fue mayo de 2015.


La Policía, por su parte, tras escuchar una docena de declaraciones de empleados de la compañía, concluyó que eran ciertos los hechos denunciados, que la empresa defraudó a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública mediante el abono de horas ordinarias y extraordinarias fuera de nómina, que pagó dietas, kilometraje y otros conceptos no salariales del mismo modo y que para calcular el montante total desviado era necesario averiguar el volumen de la empresa en facturación o número de empleados, sus movimientos bancarios y la plantilla que ha sido contratada desde 2011, diligencias que actualmente se encuentran en trámite.


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Añade además la Policía en sus informes que las destituciones de los dos empleados citados no habrían sido las únicas que tendrían que ver con la investigación. "Se puede llegar a la conclusión de que el despido de J. M. L. P. viene motivado por la entrega de las imágenes a la Policía, únicamente por dar obligado cumplimiento al mandamiento judicial" relativo a la entrega de las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Cartagena, resaltan los investigadores, que destacan también que, tras conocer que había una investigación abierta, la empresa puso dos profesionales más en el recinto para evitar el pago de horas extra. Esto último, a juicio de los agentes, "denota el conocimiento expreso por parte del dueño de la mercantil de que ha estado cometiendo defraudaciones" ocultando este concepto.
La Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional deja la puerta abierta a que Viriato —que opera principalmente en la Comunidad Valenciana y Murcia— pueda haber incurrido también en un delito contra los derechos de los trabajadores "por las condiciones infrahumanas de trabajo" a las que fueron sometidos algunos trabajadores, como J. M. T., quien cobró 97 euros al mes por 350 horas de trabajo, o J. A. G., a quien la empresa habría forzado a firmar un documento en el que constaba que él se negaba a realizar un reconocimiento médico.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/amp/espana/2017-04-14/empresario-seguridad-despido-empleados-denunciar-fraude-seguridad-social-hacienda_1366404/ via twitter @vigrorre