Arrecian las críticas contra la reforma del Código Penal porque recortará la libertad de expresión

Arrecian las críticas contra la reforma del Código Penal porque recortará la libertad de expresión

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha rechazado la reforma del Código Penal que ha sido aprobada en el Congreso y remitida al Senado "por el recorte en los derechos de libertad de expresión e información".

Esta entidad se constituyó recientemente para defender la garantía de los derechos de libertad de expresión e información en España. Está integrada por 19 organizaciones entre las que se encuentran el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Federación Española de Sindicatos de Periodistas (FeSPM), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU); medios como '20 Minutos' y 'Eldiario.es'; así como profesionales del derecho, la comunicación y del ámbito universitario

El director legal de la misma, el abogado Carlos Sánchez Almeida, destaca que en los delitos contra la propiedad intelectual (artículos 270 y 271) se incorporan ahora los sitios web de enlaces a obras protegidas por derechos de autor y la modificación de consolas de videojuegos, "a pesar de que se trata de actividades declaradas legales reiteradamente por la justicia española".

En concreto, el texto enviado al Senado establece que: "La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, facilite el acceso o la localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas ilícitamente en Internet, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios". Además, dice que se duplican las penas al pasar de dos a cuatro años de cárcel (artículo 270) pudiendo llegar hasta los seis (artículo 271).

Asimismo, indica que la manipulación de soportes o dispositivos electrónicos queda recogida así: "Será castigado también con una pena de prisión de seis meses a tres años quien, con una finalidad comercial, fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras".

Difusión de protestas

Igualmente, señala que el artículo 559 convierte en delito la difusión de mensajes y consignas "que puedan perturbar la paz social". "La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año", precisa el artículo aprobado en la reforma del Código Penal.

Además, resalta que el artículo 264 prevé hasta tres años de cárcel para quien "obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno".

Asimismo, se castiga con hasta dos años de prisión a quien produzca, adquiera, o facilite a terceros "un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores, o una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información".

En materia de ciberpederastia destaca que el rechazo social hacia el "intolerable" abuso de menores se traslada a la penalización del mero acceso a material de pornografía infantil, aunque ésta sea simulada mediante dibujos animados.

Sobre el denominado 'hacking ético' (entrar en un sistema o red informáticos para detectar y denunciar su vulnerabilidad) la PDLI dice que puede ser castigado con hasta dos años de prisión al haber salido adelante las enmiendas que proponían modificar el artículo 197 convirtiendo en responsable del delito a quien "por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo".

'Deslealtad democrática'

Por su parte, hasta 63 catedráticos de Derecho Penal han firmado un manifiesto en el que acusan al Gobierno del PP de "deslealtad democrática" con las reformas penales que ha impulsado y que consideran autoritarias y regresivas.

El manifiesto de los catedráticos, pertenecientes a 33 universidades públicas, arremete expresamente contra la reforma del Código Penal, el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana y la ley de Seguridad Privada, y reclama la derogación de estos textos "a la mayoría parlamentaria que se constituya tras las próximas elecciones generales".

Critican la "enorme pobreza técnica" de las reformas penales que ha impulsado el Ejecutivo y el "deliberado y constante uso de términos ambiguos" que figuran en ellas, lo que "compromete seriamente exigencias básicas del principio de legalidad penal".

"Las reformas propuestas beben político criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas", explican.

'Indeseado incremente de la gravedad' de conductas

Sobre el Código Penal, entienden que produce "un indeseado incremente de la gravedad de no pocas conductas", especialmente al convertir faltas en delitos, y vaticinan que su único efecto seguro será el "aumento de una población penitenciaria ya suficientemente elevada".

Rechazan también la "privatización" de "no pocas infracciones actualmente consideradas faltas" como es el caso de los accidentes de tráfico, lo que provocará que el ciudadano "cargue con el pago de tasas, costas y peritajes" y le llevará en algunos casos "a renunciar a reclamaciones para mayores beneficios de las compañías de seguros".

En este sentido, también consideran los expertos que el Gobierno ha decidido "privatizar" la seguridad y prescinde del modelo de seguridad pública, al reducir "drásticamente" las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional, "entregando a las empresas privadas ámbitos enteros de la seguridad", como en las prisiones, y equiparando en el Código Penal a los vigilantes privados con los funcionarios públicos.

Mediante la ley de Seguridad Ciudadana, los catedráticos sostienen que el Gobierno quiere "poner en sordina a las protestas ciudadanas indignadas ante el constante recorte del Estado del bienestar". "Se trata de una ley claramente regresiva con la que se pretende convertir en papel mojado buena parte de la declaración de derecho contenida en la Constitución", sostiene el manifiesto.

Los catedráticos afirman también que el Gobierno burla continuamente los trámites legalmente establecidos para la tramitación de las leyes, como en el caso del Código Penal, al introducir materias que no han sido objeto previamente de dictamen por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial.

Entre los 63 catedráticos firmantes del manifiesto figuran Enrique Gimbernat Ordeig (Complutense), Francisco Javier Álvarez García (Carlos III); Joan Queralt Jiménez (Barcelona); Francisco Muñoz Conde (Pablo de Olavide), Juan Carlos Carbonell Mateu (Valencia), Miguel Abel Souto (Santiago de Compostela) y Eduardo Demetrio Crespo (Castilla-La Mancha).

'Grave retroceso'

Amnistía Internacional (AI) tachó también de "grave retroceso" para la libertad de expresión y de reunión pacífica la reforma del Código Penal, que continúa su tramitación en el Senado, y lamentó que el texto "olvide" los crímenes de derecho internacional.

Esta organización señaló que la reforma modifica los delitos contra el orden público, crea algunos nuevos y aumentan las penas contra los manifestantes sin justificación alguna. Por ejemplo, se sanciona de manera más grave el delito contra la autoridad cuando se produce en el contexto de las manifestaciones y se castiga la resistencia pacífica grave hasta con penas privativas de libertad.

AI consideró "necesario" que se defina el término de "resistencia activa" para evitar "ambigüedades", ya que acciones como una sentada pueden llegar a ser castigada con penas de prisión.

Además, apuntó que el texto tipifica como delito la ocupación de despachos, oficinas, establecimientos o locales, aunque estén abiertos al público, si perturba el funcionamiento normal de la actividad, lo que, según añadió, "pretende acallar las nuevas formas de protesta que de manera pacífica se han producido en los últimos tiempos".

AI aplaudió que en el texto aprobado en el Congreso se elimine el delito de interrupción de servicios de transporte, que aparecía en textos anteriores, y que los matrimonios forzados sean considerados como trata de personas.

Fuente: www.elmundo.es