La Ley de Seguridad Privada permite a los vigilantes detener por un delito, pero no patrullar

La Ley de Seguridad Privada permite a los vigilantes detener por un delito, pero no patrullar

La oposición critica al PP por "privatizar la seguridad" en detrimento de las FSEViernes, 21 de Marzo de 2014 - Actualizado a las 05:46h.MADRID - El Congreso dio ayer el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Seguridad Privada, que amplía las competencias de los vigilantes y les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros o la "participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial". Para su entrada en vigor, ya sólo resta su publicación en el BOE.
El texto ha sido aprobado definitivamente con las enmiendas introducidas durante su paso por el Senado, que han contado con el apoyo de PP, CiU y, parcialmente, PNV. El resto de grupos parlamentarios rechazan de plano la nueva legislación, que consideran que "privatiza la seguridad en detrimento de las Fuerzas de Seguridad del Estado".
Los aspectos más polémicos de esta nueva Ley de Seguridad Privada son los referidos a las competencias que otorga a los agentes de seguridad privada en su artículo 41. Tras los acuerdos alcanzados por PP y CiU en el Senado, finalmente los vigilantes no podrán patrullar por las zonas comerciales comerciales.
Sin embargo, sí se mantienen el resto de funciones que figuraban en el redactado original, de manera que los agentes de seguridad privada podrán hacerse cargo del control del perímetro exterior de las cárceles y los centros de extranjeros.
También, con autorización previa, los agentes jurados podrán vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados así como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.
Otro de los puntos de la Ley que ha provocado más debate durante su tramitación parlamentaria es el relativo a la potestad de los vigilantes para detener a ciudadanos que hayan cometido un delito. Tanto el Ministerio del Interior como el PP defiende que las competencias de los vigilantes de seguridad privada para detener son las mismas con las que cuenta cualquier otro ciudadano desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, según la cual, cualquier ciudadano puede detener a otro si le descubre cometiendo un delito, si se ha fugado de prisión o si se encuentra huido.
El texto final mantiene la potestad de los agentes de seguridad privada para practicar detenciones en el ejercicio de su labor, así como anotar datos personales de los delincuentes para trasladarlos después a las autoridades. Sin embargo, no les permite averiguar o comprobar estos datos, como figuraba en el texto inicial y que fue modificado durante su tramitación en el Senado.

REACCIONES Muy crítico se mostró el portavoz de la Izquierda Plural Ricardo Sixto, para quien la modificación del polémico artículo 41 ha sido simplemente un "ejercicio de trilerismo gramatical" que no ha supuesto que los "campos de negocio sean cercenados ni limitados", pese a lo que se quiere hacer ver desde el PP. Tampoco el PNV y CiU se han mostrado satisfechos con el texto, salvo en el punto que reconoce a País Vasco y Catalunya las competencias sobre el control o inspección de las empresas de seguridad y los despachos de detectives que operen en sus territorios. - Efe/E.P.

LOS APUNTES
Suculento negocio. Como ejemplo del "negocio" que supondrá para las empresa pirvadas, la oposición se remitió a un contrato para el perímetro de instituciones penitenciarias por 7,5 millones de euros.Empresas ligadas al PP. La diputada de ERC Teresa Jordà, alertó de que muchas empresas privadas están en manos de familiares de dirigentes del PP.

EL NÚMERO
85.000
La seguridad privada cuenta con más de 85.000 puestos de trabajo, "la mayoría en condiciones lamentables, horarios abusivos y retribuciones miserables", según IU.

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EL NÚMERO 85.000
La seguridad privada cuenta con más de 85.000 puestos de trabajo, "la mayoría en condiciones lamentables, horarios abusivos y retribuciones miserables", según IU.

Me cuesta creer que alguien fuera del gremio y de nuestro entorno entienda y vea nuestra triste realidad. Mas me cuesta, viniendo de un partido politico, pero visto lo visto...
Bien esta que alguien recuerde nuestra precaria situación.

Saludos

Biutre