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Sindicatos denuncian que Seguridad Integral Canaria ha despedido en enero a más de 100 trabajadores
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Sindicatos denuncian que Seguridad Integral Canaria ha despedido en enero a más de 100 trabajadores
por aire Jue Feb 03, 2011 11:26 am
Sindicatos denuncian que Seguridad Integral Canaria ha despedido en enero a más de 100 trabajadores
IC, USO y UGT aseguran que la empresa propiedad de Miguel Ángel Ramírez ha reducido un ocho por ciento los salarios de los trabajadores para “financiar” los despidos de sus compañeros
Intersindical Canaria (IC), Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO) han denunciado este martes que la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) ha despedido desde el pasado 31 de diciembre a 112 trabajadores de sus centros en Gran Canaria y Tenerife.
IC, USO y UGT aseguran que la empresa propiedad de Miguel Ángel Ramírez ha reducido un ocho por ciento los salarios de los trabajadores para “financiar” los despidos de sus compañeros
Intersindical Canaria (IC), Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO) han denunciado este martes que la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) ha despedido desde el pasado 31 de diciembre a 112 trabajadores de sus centros en Gran Canaria y Tenerife.El secretario regional de la sección de seguridad privada de IC, Jacobo Ortega, mostró su “repulsa” por esta decisión que la empresa achaca, según explicó, a una supuesta falta de liquidez motivada por el “retraso” de las administraciones públicas –principal cliente de SIC- en efectuar pagos correspondientes a 2009 y 2010 por valor de 21,1 millones de euros.
Ortega lamentó que al resto de la plantilla, alrededor de 2.000 personas, se haya visto afectada de forma paralela por una reducción salarial del ocho por ciento, es decir, alrededor de 100 euros por mes y trabajador.
Esta medida, que se produjo sin aviso “oficial”, está destinada “a que los propios trabajadores financien” los despidos de sus compañeros, afirmó Ortega, que aseguró que esta estrategia persigue reducir la plantilla “sin que por ello se vean mermadas las arcas de la empresa”.
Hasta el momento unos 60 trabajadores han demandado a la compañía, la primera por volumen del sector en Canarias. Desde IC censuran que exista volumen suficiente de horas extra como para repartir éstas entre la plantilla y no prescindir de ninguno de los empleados.
Asimismo los tres sindicatos han criticado el “continuo desprecio” de la empresa hacia sus trabajadores, ya que argumentan que no les son reconocidos sus derechos, además de negárseles “el abono de antigüedades, pluses horas extras” o la elaboración de unos cuadrantes de horarios que permitan una correcta conciliación de la vida laboral y personal.
El representante sectorial de UGT, Juan José Socorro, informó de que el comité de empresa de SIC consta de 21 trabajadores, “19 de los cuales son mandos intermedios”, como jefes de cámara o responsables de equipos de video vigilancia.
“En las últimas elecciones cuatro sindicatos presentaron entre 40 y 50 candidatos”, de los que según explicó, “el 90 por ciento acabó por caerse de las listas” debido a las “presiones” de la empresa.
Además de SIC, Miguel Ángel Ramírez es dueño del Grupo Ralons, que recientemente ganó el concurso de las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Los sindicatos confían en que la presión ejercida desde sus organizaciones junto a Inspección de Trabajo permitan frenar una segunda oleada de despidos, que prevén para el mes de febrero.
Además han previsto movilizaciones para el día 8 de febrero, a las 10:00 horas, frente a la sede del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por ser uno de los centros donde más trabajadores de SIC hay en la actualidad. Estas acciones está previsto que se extiendan a juzgados, hospitales o edificio de la administración pública donde Seguridad Integral Canaria dispone de contratos
Ortega lamentó que al resto de la plantilla, alrededor de 2.000 personas, se haya visto afectada de forma paralela por una reducción salarial del ocho por ciento, es decir, alrededor de 100 euros por mes y trabajador.
Esta medida, que se produjo sin aviso “oficial”, está destinada “a que los propios trabajadores financien” los despidos de sus compañeros, afirmó Ortega, que aseguró que esta estrategia persigue reducir la plantilla “sin que por ello se vean mermadas las arcas de la empresa”.
Hasta el momento unos 60 trabajadores han demandado a la compañía, la primera por volumen del sector en Canarias. Desde IC censuran que exista volumen suficiente de horas extra como para repartir éstas entre la plantilla y no prescindir de ninguno de los empleados.
Asimismo los tres sindicatos han criticado el “continuo desprecio” de la empresa hacia sus trabajadores, ya que argumentan que no les son reconocidos sus derechos, además de negárseles “el abono de antigüedades, pluses horas extras” o la elaboración de unos cuadrantes de horarios que permitan una correcta conciliación de la vida laboral y personal.
El representante sectorial de UGT, Juan José Socorro, informó de que el comité de empresa de SIC consta de 21 trabajadores, “19 de los cuales son mandos intermedios”, como jefes de cámara o responsables de equipos de video vigilancia.
“En las últimas elecciones cuatro sindicatos presentaron entre 40 y 50 candidatos”, de los que según explicó, “el 90 por ciento acabó por caerse de las listas” debido a las “presiones” de la empresa.
Además de SIC, Miguel Ángel Ramírez es dueño del Grupo Ralons, que recientemente ganó el concurso de las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Los sindicatos confían en que la presión ejercida desde sus organizaciones junto a Inspección de Trabajo permitan frenar una segunda oleada de despidos, que prevén para el mes de febrero.
Además han previsto movilizaciones para el día 8 de febrero, a las 10:00 horas, frente a la sede del Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por ser uno de los centros donde más trabajadores de SIC hay en la actualidad. Estas acciones está previsto que se extiendan a juzgados, hospitales o edificio de la administración pública donde Seguridad Integral Canaria dispone de contratos
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