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Más de 6.400 dependientes siguen sin recibir la ayuda pese a tenerla aprobada
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Más de 6.400 dependientes siguen sin recibir la ayuda pese a tenerla aprobada
AYUDAS A LA DEPENDENCIA
Más de 6.400 dependientes siguen sin recibir la ayuda pese a tenerla aprobada
La DGA reconoce que se tarda una media de ocho meses en la tramitación, aunque asegura que a final de año se reducirá a seis Desde la entrada en vigor de esta norma, en 2007, se han recibido 47.654 solicitudes y se han hecho 42.003 dictámenes.
Anselmo Diego va a pedir la ayuda por segunda vez..OLIVER DUCH
La gestión y aplicación de la Ley de la Dependencia en Aragón está mejor que otras comunidades, de hecho, destaca respecto a la media nacional. Sin embargo, todavía hay muchos aspectos por mejorar. Más de 6.400 dependientes están a la espera de cobrar la ayuda pese a tenerla aprobada y reconocida. De hecho, según los datos que ofrece en su web el Ministerio de Sanidad y Política Social, en la Comunidad hay 29.412 personas de grado II y III que tienen derecho a esta prestación mientras que son 22.990 las que están atendidas por el sistema.
Desde que entró en vigor esta normativa, en 2007, Servicios Sociales ha recibido 47.654 solicitudes y se han llevado a cabo 42.003 dictámenes (aquí se incluyen los del grado I que todavía no se incluyen en la norma). Un volumen de cifras que ha causado fundamentalmente demoras en la tramitación de las ayudas. En estos momentos, según reconoció el director de Atención a la Dependencia, Luis Bo, el plazo medio de resolución de los expedientes se encuentra en ocho meses, aunque aseguró que la intención es reducirlo a seis antes de que acabe el año -entre octubre y diciembre-.
Hay que recordar que el pasado 1 de junio, dentro de las medidas de ahorro anunciadas por el Gobierno, se incluía la eliminación de la retroactividad, pero se fijaba un tiempo máximo de medio año para la resolución de las solicitudes (el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación a recibir). "Estamos en la línea y estamos buscando llegar a final de año con este objetivo", explicó Bo. Con esta decisión se originará un ahorro para toda España de trescientos millones de euros en 2011, de los que doscientos millones corresponderán al Estado y cien millones a las Administraciones Territoriales.
Respecto a las críticas generadas por el funcionamiento y la gestión de la ley, el director de Atención a la Dependencia recalcó que Aragón destaca respecto a otras comunidades en la aplicación de esta norma, "incluso estamos por encima de la media". "Nueve de cada diez solicitudes ya están valoradas y de estos, siete de cada diez tiene grado y el nivel de dependencia reconocido. Así, un 78% están ya cobrando", apostilló.
Recordó que en la saturación o las listas de espera que se han podido generar hay que tener en cuenta otras cuestiones que incrementan el trabajo, como el empeoramiento de los ya evaluados (y por lo tanto el cambio de grado) o bien la petición de nuevas prestaciones (gente que en un primer momento pide ayuda para un cuidador y después, pide el paso a una residencia).
Reducción de las solicitudes
El director general de Atención a la Dependencia confió, además, en que poco a poco la situación se regularice, ya que el volumen de solicitudes se va reduciendo. Ha habido momentos en los que Servicios Sociales ha recibido unas mil nuevas peticiones cada mes. Durante agosto ya se observó una disminución de solicitudes.
Bo explicó que se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años, ya que ha habido que evaluar todas las solicitudes que han entrado en el sistema (casi 50.000). Incluso hay valoraciones de más de 4.000 personas que no están incluidas en ninguno de los grados reconocidos por la ley. "Pero se ha tenido que ir domicilio por domicilio haciendo los dictámenes", precisó.
Pese a haber anulado la retroactividad, al Gobierno de Aragón le queda por resolver una de las secuelas que colea desde hace tiempo: el pago a los dependientes que murieron esperando recibir la ayuda a la dependencia.
Según publicó este periódico, en 2009 unas 3.000 fallecidos figuraban en la lista de la ley de dependencia (y más de 1.000 murieron antes de recibir la prestación que les correspondía). De hecho, desde principios de año, cada mes se paga a las familias de algunos de estos casos, pero todavía quedan algunos recibos pendientes, según admitió el director de Atención a la Dependencia.
Más de 6.400 dependientes siguen sin recibir la ayuda pese a tenerla aprobada
La DGA reconoce que se tarda una media de ocho meses en la tramitación, aunque asegura que a final de año se reducirá a seis Desde la entrada en vigor de esta norma, en 2007, se han recibido 47.654 solicitudes y se han hecho 42.003 dictámenes.
Anselmo Diego va a pedir la ayuda por segunda vez..OLIVER DUCH
La gestión y aplicación de la Ley de la Dependencia en Aragón está mejor que otras comunidades, de hecho, destaca respecto a la media nacional. Sin embargo, todavía hay muchos aspectos por mejorar. Más de 6.400 dependientes están a la espera de cobrar la ayuda pese a tenerla aprobada y reconocida. De hecho, según los datos que ofrece en su web el Ministerio de Sanidad y Política Social, en la Comunidad hay 29.412 personas de grado II y III que tienen derecho a esta prestación mientras que son 22.990 las que están atendidas por el sistema.
Desde que entró en vigor esta normativa, en 2007, Servicios Sociales ha recibido 47.654 solicitudes y se han llevado a cabo 42.003 dictámenes (aquí se incluyen los del grado I que todavía no se incluyen en la norma). Un volumen de cifras que ha causado fundamentalmente demoras en la tramitación de las ayudas. En estos momentos, según reconoció el director de Atención a la Dependencia, Luis Bo, el plazo medio de resolución de los expedientes se encuentra en ocho meses, aunque aseguró que la intención es reducirlo a seis antes de que acabe el año -entre octubre y diciembre-.
Hay que recordar que el pasado 1 de junio, dentro de las medidas de ahorro anunciadas por el Gobierno, se incluía la eliminación de la retroactividad, pero se fijaba un tiempo máximo de medio año para la resolución de las solicitudes (el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación a recibir). "Estamos en la línea y estamos buscando llegar a final de año con este objetivo", explicó Bo. Con esta decisión se originará un ahorro para toda España de trescientos millones de euros en 2011, de los que doscientos millones corresponderán al Estado y cien millones a las Administraciones Territoriales.
Respecto a las críticas generadas por el funcionamiento y la gestión de la ley, el director de Atención a la Dependencia recalcó que Aragón destaca respecto a otras comunidades en la aplicación de esta norma, "incluso estamos por encima de la media". "Nueve de cada diez solicitudes ya están valoradas y de estos, siete de cada diez tiene grado y el nivel de dependencia reconocido. Así, un 78% están ya cobrando", apostilló.
Recordó que en la saturación o las listas de espera que se han podido generar hay que tener en cuenta otras cuestiones que incrementan el trabajo, como el empeoramiento de los ya evaluados (y por lo tanto el cambio de grado) o bien la petición de nuevas prestaciones (gente que en un primer momento pide ayuda para un cuidador y después, pide el paso a una residencia).
Reducción de las solicitudes
El director general de Atención a la Dependencia confió, además, en que poco a poco la situación se regularice, ya que el volumen de solicitudes se va reduciendo. Ha habido momentos en los que Servicios Sociales ha recibido unas mil nuevas peticiones cada mes. Durante agosto ya se observó una disminución de solicitudes.
Bo explicó que se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años, ya que ha habido que evaluar todas las solicitudes que han entrado en el sistema (casi 50.000). Incluso hay valoraciones de más de 4.000 personas que no están incluidas en ninguno de los grados reconocidos por la ley. "Pero se ha tenido que ir domicilio por domicilio haciendo los dictámenes", precisó.
Pese a haber anulado la retroactividad, al Gobierno de Aragón le queda por resolver una de las secuelas que colea desde hace tiempo: el pago a los dependientes que murieron esperando recibir la ayuda a la dependencia.
Según publicó este periódico, en 2009 unas 3.000 fallecidos figuraban en la lista de la ley de dependencia (y más de 1.000 murieron antes de recibir la prestación que les correspondía). De hecho, desde principios de año, cada mes se paga a las familias de algunos de estos casos, pero todavía quedan algunos recibos pendientes, según admitió el director de Atención a la Dependencia.
"Mi marido necesita atención las 24 horas"
"Mi marido necesita atención las 24 horas"
Servicios Sociales ha llegado a recibir hasta mil solicitudes al mes de personas que piden la ayuda a la dependencia. Algunas esperan que el Gobierno de Aragón les aprueba la prestación.
Mari Giménez junto a su marido Carlos, que sufre de esclerosis..JOSé MIGUEL MARCO
Mari Giménez habla desde la impotencia: "Necesito la ayuda, mi marido requiere atención las 24 horas del día y solo estamos mi hijo y yo para ofrecérsela". Con tan solo 29 años, a Carlos le diagnosticaron una esclerosis progresiva que ha ido, poco a poco, empeorando. Hasta el punto que ahora, con 47, apenas puede moverse y precisa de alguien incluso para levantarse de la cama o pasarse de un sillón a otro.
"Por eso no entiendo lo que ha sucedido", lamenta Mari. Hace dos años que solicitó la ayuda de la dependencia y, después de los exámenes necesarios, el Gobierno de Aragón le otorgó una retribución mensual de 400 euros. Sin embargo, el grado de deterioro de Carlos era cada vez más evidente. "Tuvo varios brotes y el médico de cabecera me aconsejó que solicitara un nivel mayor del que me habían otorgado", recuerda Mari. No dudó en plantear la petición, pero su sorpresa llegó cuando volvieron a reconocerle y en lugar de darle más puntos se los restaron y, por consiguiente, le redujeron la retribución económica.
"Me quitaron 18 puntos en la valoración. No entiendo lo que pasó", subraya. Esto supuso que de una aportación mensual inicial de 400 euros, esté cobrando en estos momentos tan solo 90. "Cuando reclamé, me dijeron que había lista de espera y que ya me avisarían", señala. Pero lleva un año en esta situación, que ella misma califica de "insostenible".
Y para dejarlo patente, recuerda un día a día normal: "Mi marido requiere asistencia todo el día. Necesita que le vistan, le laven... Va en una silla de ruedas y mi hijo se está destrozando la espalda solo de moverlo de un sitio a otro. Hay veces que piensas que no puedes más, pero tiras para adelante".
Lamenta que para cualquier mejora en la calidad de vida de su familia se tenga que luchar tanto. De hecho, recuerda también que hace seis años que lleva solicitando al Gobierno de Aragón que le instalen una rampa en la entrada del edificio donde vive, en la calle Juan Ramón Jiménez, en el barrio del Actur (son pisos sociales). Aunque reside en un bajo, hay seis escaleras para poder acceder a la calle y su marido utiliza una silla de ruedas para moverse. "Gracias al apoyo de mis vecinos y a que he pedido un préstamo, voy a poder instalarla. Es todo por nuestra salud física", afirma Mari.
Pero la situación de Carlos no es la única pendiente de una solución. Aunque bien es verdad que la mayoría se resuelven favorablemente, aunque tarden más de lo debido, en algunas ocasiones no se entiende que otras solicitudes se denieguen.
"Volveré a solicitarla"
Anselmo Diego, de 55 años, sufre también esclerosis múltiple y se mueve con una silla de ruedas. También avalado por sus informes médicos, presentó solicitudes para obtener la prestación a la dependencia y a la incapacidad por invalidez. "Afortunadamente me concedieron la segunda", afirma. "Los que vinieron a valorarme lo hicieron cuando todavía me podía valer yo solo y decidieron no otorgármela, pero ahora...", manifiesta Anselmo. Tiene una incapacidad del 76% y va a solicitar de nuevo la prestación "a ver si hay suerte".
De hecho, asegura que en lugar del pago económico le vendría mucho mejor la asignación a una de las plazas de residencia, que están destinados para este tipo de personas dependientes. Anselmo vive solo y sabe que va a necesitar con el tiempo más ayuda. Ahora, le cuesta moverse y va en una silla de ruedas. "Este verano lo he pasado ya bastante mal, por lo que he preguntado en varios centros, pero los precios son muy elevados... Había plazas que costaban 1.400 euros. Una persona sola no puede hacer frente", afirma.
Él, como muchos, está pendiente de que finalmente el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) concierte las plazas para dependientes en residencias privadas. Hay previstas unas 700 y fundamentalmente están dirigidas a mayores en esta situación.
Pero hasta que se llegue a una solución, tanto Anselmo como Carlos engrosan el abultado listado de solicitudes que aspiran a conseguir una ayuda para sobrellevar de una manera más fácil la minusvalía que sufren. Y el tiempo para ellos es fundamental.
Servicios Sociales ha llegado a recibir hasta mil solicitudes al mes de personas que piden la ayuda a la dependencia. Algunas esperan que el Gobierno de Aragón les aprueba la prestación.
Mari Giménez junto a su marido Carlos, que sufre de esclerosis..JOSé MIGUEL MARCO
Mari Giménez habla desde la impotencia: "Necesito la ayuda, mi marido requiere atención las 24 horas del día y solo estamos mi hijo y yo para ofrecérsela". Con tan solo 29 años, a Carlos le diagnosticaron una esclerosis progresiva que ha ido, poco a poco, empeorando. Hasta el punto que ahora, con 47, apenas puede moverse y precisa de alguien incluso para levantarse de la cama o pasarse de un sillón a otro.
"Por eso no entiendo lo que ha sucedido", lamenta Mari. Hace dos años que solicitó la ayuda de la dependencia y, después de los exámenes necesarios, el Gobierno de Aragón le otorgó una retribución mensual de 400 euros. Sin embargo, el grado de deterioro de Carlos era cada vez más evidente. "Tuvo varios brotes y el médico de cabecera me aconsejó que solicitara un nivel mayor del que me habían otorgado", recuerda Mari. No dudó en plantear la petición, pero su sorpresa llegó cuando volvieron a reconocerle y en lugar de darle más puntos se los restaron y, por consiguiente, le redujeron la retribución económica.
"Me quitaron 18 puntos en la valoración. No entiendo lo que pasó", subraya. Esto supuso que de una aportación mensual inicial de 400 euros, esté cobrando en estos momentos tan solo 90. "Cuando reclamé, me dijeron que había lista de espera y que ya me avisarían", señala. Pero lleva un año en esta situación, que ella misma califica de "insostenible".
Y para dejarlo patente, recuerda un día a día normal: "Mi marido requiere asistencia todo el día. Necesita que le vistan, le laven... Va en una silla de ruedas y mi hijo se está destrozando la espalda solo de moverlo de un sitio a otro. Hay veces que piensas que no puedes más, pero tiras para adelante".
Lamenta que para cualquier mejora en la calidad de vida de su familia se tenga que luchar tanto. De hecho, recuerda también que hace seis años que lleva solicitando al Gobierno de Aragón que le instalen una rampa en la entrada del edificio donde vive, en la calle Juan Ramón Jiménez, en el barrio del Actur (son pisos sociales). Aunque reside en un bajo, hay seis escaleras para poder acceder a la calle y su marido utiliza una silla de ruedas para moverse. "Gracias al apoyo de mis vecinos y a que he pedido un préstamo, voy a poder instalarla. Es todo por nuestra salud física", afirma Mari.
Pero la situación de Carlos no es la única pendiente de una solución. Aunque bien es verdad que la mayoría se resuelven favorablemente, aunque tarden más de lo debido, en algunas ocasiones no se entiende que otras solicitudes se denieguen.
"Volveré a solicitarla"
Anselmo Diego, de 55 años, sufre también esclerosis múltiple y se mueve con una silla de ruedas. También avalado por sus informes médicos, presentó solicitudes para obtener la prestación a la dependencia y a la incapacidad por invalidez. "Afortunadamente me concedieron la segunda", afirma. "Los que vinieron a valorarme lo hicieron cuando todavía me podía valer yo solo y decidieron no otorgármela, pero ahora...", manifiesta Anselmo. Tiene una incapacidad del 76% y va a solicitar de nuevo la prestación "a ver si hay suerte".
De hecho, asegura que en lugar del pago económico le vendría mucho mejor la asignación a una de las plazas de residencia, que están destinados para este tipo de personas dependientes. Anselmo vive solo y sabe que va a necesitar con el tiempo más ayuda. Ahora, le cuesta moverse y va en una silla de ruedas. "Este verano lo he pasado ya bastante mal, por lo que he preguntado en varios centros, pero los precios son muy elevados... Había plazas que costaban 1.400 euros. Una persona sola no puede hacer frente", afirma.
Él, como muchos, está pendiente de que finalmente el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) concierte las plazas para dependientes en residencias privadas. Hay previstas unas 700 y fundamentalmente están dirigidas a mayores en esta situación.
Pero hasta que se llegue a una solución, tanto Anselmo como Carlos engrosan el abultado listado de solicitudes que aspiran a conseguir una ayuda para sobrellevar de una manera más fácil la minusvalía que sufren. Y el tiempo para ellos es fundamental.
Los colectivos sociales valoran la ley, pero apuestan por agilizar la tramitación
Los colectivos sociales valoran la ley, pero apuestan por agilizar la tramitación
La norma cumple su tercer aniversario con opiniones dispares, aunque todos coinciden en que Aragón está mejor que otras regiones
Pablo Melgares considera injusta la valoración de su situación de dependencia..JOSÉ MIGUEL MARCO
Pros y contras. La valoración de los colectivos sociales sobre los tres años de vida de la Ley de la Dependencia (entró en vigor en 2007) es sin duda muy dispar. Si bien es común en todos ellos que Aragón está mejor que otras comunidades, coinciden en que la reducción de plazos sería algo que habría que mejorar en un futuro y confían en que se consiga llegar al tiempo máximo de seis meses que se marcó desde Madrid.
Desde el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Aragón), se recuerda que en estos tres años se ha conseguido mejorar poco a poco algunas cuestiones, ya que recordó que en un primer momento todas las comunidades se vieron desbordadas por el volumen de solicitudes.
“Pero esto no pasó por falta de previsión, sino porque era imposible calcular cuál iba a ser la demanda real”, afirmó el presidente de Cermi-Aragón, Pedro Sánchez. “Es una ley compleja que se tardará en poder ponerla en marcha por completo”, añadió Sánchez, que recordó que la Comunidad recibió un premio a nivel nacional por la “buena gestión” de esta norma.
No obstante, reconoció que dos de las asignaturas pendientes es la reducción del tiempo de espera y el fomento de medidas para la autonomía personal. “Sabemos que estamos en una situación económica difícil, pero hay que trabajar, y sabemos que Aragón es consciente de ello. Hay que llegar a las personas que no llegan a ser dependientes totalmente. Aquellas que necesitan asistencia o simplemente que se les facilite un gimnasio”, apuntó.
En ese mismo sentido, el gerente de la Asociación Aragonesa de Entidades para Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps Aragón), Ramón Álvarez, hizo hincapié en que Aragón es una de las comunidades donde mejor se están resolviendo los trámites, aunque reconoció que es necesario agilizar la tramitación, la asignación de recursos y la prestación de servicios, como la posibilidad de aumentar las plazas de residencia para dependientes. “Estamos esperando que se mejoren estas cuestiones, sobre todo, la rapidez en los trámites”, señaló el gerente de esta entidad. “No obstante, hay que tener en cuenta que estamos en periodo de adaptación e implantación”, añadió.
Valoración en conjunto
Otros colectivos sociales consideran que la ley de dependencia tiene que mejorar especialmente en las valoraciones. Hay patologías, como por ejemplo el Párkinson, en la que los enfermos pasan por fases hasta llegar a la dependencia total. Y, por lo tanto, apuestan por un examen rápido, pero que evalúe su evolución en conjunto. Así, se evitarían casos en los que se rechazan las solicitudes porque el enfermo todavía es autosuficiente, pero a los pocos meses la situación cambia por completo y deben volver a comenzar toda la tramitación desde el principio.
Otras entidades, que prefirieron guardar el anonimato (está pendiente la resolución de algunas subvenciones y de la adjudicación de plazas de residencias), reconocieron el “esfuerzo” que se ha hecho desde el Gobierno de Aragón y la situación respecto a otras comunidades, pero fueron bastante negativas a la hora de valorar los resultados finales, ya que criticaron especialmente el tiempo de tramitación que acumula.
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Pablo Melgares considera injusta la valoración de su situación de dependencia..JOSÉ MIGUEL MARCO
Pros y contras. La valoración de los colectivos sociales sobre los tres años de vida de la Ley de la Dependencia (entró en vigor en 2007) es sin duda muy dispar. Si bien es común en todos ellos que Aragón está mejor que otras comunidades, coinciden en que la reducción de plazos sería algo que habría que mejorar en un futuro y confían en que se consiga llegar al tiempo máximo de seis meses que se marcó desde Madrid.
Desde el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Aragón), se recuerda que en estos tres años se ha conseguido mejorar poco a poco algunas cuestiones, ya que recordó que en un primer momento todas las comunidades se vieron desbordadas por el volumen de solicitudes.
“Pero esto no pasó por falta de previsión, sino porque era imposible calcular cuál iba a ser la demanda real”, afirmó el presidente de Cermi-Aragón, Pedro Sánchez. “Es una ley compleja que se tardará en poder ponerla en marcha por completo”, añadió Sánchez, que recordó que la Comunidad recibió un premio a nivel nacional por la “buena gestión” de esta norma.
No obstante, reconoció que dos de las asignaturas pendientes es la reducción del tiempo de espera y el fomento de medidas para la autonomía personal. “Sabemos que estamos en una situación económica difícil, pero hay que trabajar, y sabemos que Aragón es consciente de ello. Hay que llegar a las personas que no llegan a ser dependientes totalmente. Aquellas que necesitan asistencia o simplemente que se les facilite un gimnasio”, apuntó.
En ese mismo sentido, el gerente de la Asociación Aragonesa de Entidades para Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps Aragón), Ramón Álvarez, hizo hincapié en que Aragón es una de las comunidades donde mejor se están resolviendo los trámites, aunque reconoció que es necesario agilizar la tramitación, la asignación de recursos y la prestación de servicios, como la posibilidad de aumentar las plazas de residencia para dependientes. “Estamos esperando que se mejoren estas cuestiones, sobre todo, la rapidez en los trámites”, señaló el gerente de esta entidad. “No obstante, hay que tener en cuenta que estamos en periodo de adaptación e implantación”, añadió.
Valoración en conjunto
Otros colectivos sociales consideran que la ley de dependencia tiene que mejorar especialmente en las valoraciones. Hay patologías, como por ejemplo el Párkinson, en la que los enfermos pasan por fases hasta llegar a la dependencia total. Y, por lo tanto, apuestan por un examen rápido, pero que evalúe su evolución en conjunto. Así, se evitarían casos en los que se rechazan las solicitudes porque el enfermo todavía es autosuficiente, pero a los pocos meses la situación cambia por completo y deben volver a comenzar toda la tramitación desde el principio.
Otras entidades, que prefirieron guardar el anonimato (está pendiente la resolución de algunas subvenciones y de la adjudicación de plazas de residencias), reconocieron el “esfuerzo” que se ha hecho desde el Gobierno de Aragón y la situación respecto a otras comunidades, pero fueron bastante negativas a la hora de valorar los resultados finales, ya que criticaron especialmente el tiempo de tramitación que acumula.
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