La democracia del radar

La democracia del radar
Cuando un agente de tráfico se aproxima a un coche con la idea de sancionarlo sabe que si está poblado de antenas la cosa puede complicarse. Es lo que le pasó hace un mes al guardia civil que dio el alto a un turismo que circulaba a más velocidad de la debida entre las localidades extremeñas de Trujillo y Miajadas. En el coche viajaba el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que regresaba de una comparecencia en el Senado. Hasta el momento han trascendido hasta tres versiones del incidente, lo que da una idea de lo complicado que puede llegar a ser sancionar a un coche oficial. En la primera se decía que el vehículo iba a 180 (el límite era de 120) y que los agentes no llegaron a interponer multa alguna porque no sabían si sancionar a la Junta o al conductor. La segunda versión, facilitada por la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, indicaba que el coche interceptado era en realidad el de los escoltas del presidente, que la velocidad no sobrepasaba los 170 por hora y que sí hubo multa. Al final el propio Fernández Vara reconoció que los agentes habían pillado al turismo en el que viajaba circulando a más velocidad de la autorizada y pidió excusas por lo ocurrido. El presidente extremeño admitió, además, que a lo largo de todos estos años le habían parado en otras ocasiones a bordo del coche oficial. «Y cuando nos han parado, se ha pagado la multa como corresponde», subrayó.
Pero no siempre ha sido así. Durante décadas las autoridades de Tráfico han hecho la vista gorda ante las infracciones cometidas por los coches oficiales. Además, si por un casual la sanción llegaba a prosperar, bastaba con realizar una llamada al lugar adecuado para desactivar cualquier expediente. «Los guardias municipales ni siquiera se tomaban la molestia de multarnos cuando dejábamos los coches mal aparcados porque sabían que nadie iba a pagar», reconoce un chófer jubilado de la Administración pública que prefiere no ser identificado.
A la impunidad por razones 'culturales' -viajar en un coche oficial equivalía tradicionalmente en España a tener patente de corso- se sumó con el paso del tiempo la justificada por motivos de seguridad. Centenares de multas por infracciones de vehículos oficiales, la mayoría por exceso de velocidad, iban a parar a la papelera con la excusa de la amenaza terrorista. «Alegabas que ibas rápido porque querías distanciarte de un coche sospechoso y automáticamente te retiraban la sanción», explica un escolta que ejerce tareas de custodia desde hace más de una década en el País Vasco.
En esta última comunidad era frecuente hasta hace poco toparse con decenas de coches circulando a velocidades muy superiores a las legales en determinados puntos de la red viaria. «En la autopista entre Vitoria y Bilbao, itinerario de paso obligado para buena parte de los cargos públicos de Euskadi, era normal ver pasar todos los días a decenas de coches repletos de antenas circulando a toda pastilla», cuenta Luis Murguía, experto en Movilidad del Real Automóvil Club Vasco-Navarro.
La paulatina automatización de los mecanismos de gestión de las sanciones hace que cada vez sea más difícil escabullirse de los resortes punitivos de la Administración. La mayor parte de los radares que controlan los límites de velocidad están informatizados y eso hace que el expediente se tramite sin la intervención de terceras personas. «Hace poco -cuenta el mismo escolta que trabaja en el País Vasco- nos dimos cuenta de que un radar nos había dado un fogonazo por ir demasiado deprisa y al parar en el peaje coincidimos con una patrulla de Tráfico a la que le comentamos lo que había pasado. Les dijimos que íbamos con prisa porque llegábamos tarde a un acto oficial pero nos respondieron que no se podía hacer nada porque las imágenes iban directamente al ordenador central y no había manera de manipular el mecanismo».
Deprisa, deprisa
La práctica totalidad de las infracciones de coches oficiales que salen a la luz tienen que ver con la velocidad. «Los cargos públicos andan siempre con prisa y en cuanto se montan en el coche te dicen que aprietes, que en media hora tienen una reunión importantísima y que tienen que estar por narices a pesar de que, a velocidades legales, a ese sitio igual tardas en llegar hora y media», cuenta el chófer jubilado.
Pero las prisas, ya lo dice el refrán, no suelen ser buenas consejeras. Que se lo cuenten si no al chófer de un consejero del Gobierno de La Rioja que protagonizó hace unos meses un episodio cuanto menos insólito. El político, Emilio del Río, titular del departamento de Presidencia, pidió su coche para trasladarse de Logroño a Zaragoza, donde tenía previsto tomar el AVE. Una vez en el automóvil, un Audi A6 oficial, reclamó a su conductor que pisase el acelerador para no perder el tren. El chófer le recordó que en la ruta había radares y que corría el riesgo de perder puntos en su permiso, al fin y al cabo su principal herramienta de trabajo. El consejero le mandó parar, hizo que se retirase del puesto de conductor y se sentó al volante ante la atónita mirada de su chófer. Según ha denunciado la oposición al Gobierno riojano, Del Río recorrió unos 130 kilómetros en 40 minutos, lo que da una velocidad media de 195 kilómetros por hora.
El chófer quiso curarse en salud por si algún radar había captado al coche cuando lo conducía el político, y al regresar de nuevo a Logroño, rellenó un parte de incidencias en el que hizo constar lo ocurrido. El asunto fue tratado en sede parlamentaria y el consejero no tuvo más remedio que admitir que se había puesto al volante del coche oficial. Lo que ya no se sabe es si algún detector 'fichó' al A6 circulando a esas velocidades. De ser así, la multa le llegaría directamente al chófer, ya que la Dirección General de Tráfico (DGT) obliga a empresas y administraciones a asignar un conductor a cada uno de los vehículos. «Ya no cabe la excusa de que no se sabe quién conducía el coche multado porque la DGT tiene un listado previo que pone nombre y apellido a cada matrícula de cualquier flota», puntualiza el experto en movilidad Luis Murguía.
La informatización de las sanciones y el fin del anonimato de los coches de flota determinan que el cerco se estreche y sea cada vez más difícil eludir las sanciones sobre los vehículos oficiales. El episodio protagonizado por el consejero riojano es muy revelador al respecto. «Hace unos años era inconcebible que eso hubiese ocurrido porque el chófer sabía que, si le cogían, el político iba a solucionarlo todo con un telefonazo, pero ahora las cosas han cambiado mucho», dice el ex conductor de cargos públicos. «De un tiempo a esta parte -refrenda el escolta- todos hemos empezado a cambiar el chip y ahora vamos pisando huevos porque sabemos que la red que teníamos antes ha empezado a llenarse de agujeros y en cualquier momento nos podemos colar por uno de ellos».
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Vaya, ya no somos los únicos cogidos por los webs.
Gracias por la info Tata.
Saludos
Biutre

Pues mira Tata, lo del limitador de velocidad seria una muy buena idea... a nivel estatal.
Así se evitarín excesos en todas partes, las carreteras serian mas seguras y bueno, el estado recaudaria 0 euros en multas de velocidad.... y eso no les interesa.
Nos va a tocar soñar con ver eso: todos los vehiculos con limitador de velocidad y que todos los irresponsables al volante paguen.
Por soñar, no nos cobraran... creo