El Clínico pone vigilante en su planta de psiquiatría de adultos y menores

El Clínico pone vigilante en su planta de psiquiatría de adultos y menores
UGT pide que el turno de noche también esté cubierto por un guardia de seguridad, ya que a las doce de la noche se retira el servicio

Control de las instalaciones de la Unidad Infanto-Juvenil de Psiquiatría del Clínico. :: R. GÓMEZ

EL DATO
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son las horas de cobertura de vigilancia de seguridad que ha implantado Sacyl en el Hospital Clínico de Valladolid para la protección de trabajadores y pacientes de la planta once del hospital, donde están los servicios de Psiquiatría, tanto de adultos, como la infanto-juvenil y del Hospital de Día para estas patologías.

Junto a algunos centros de salud en barrios conflictivos y al servicio de emergencias extrahospitalarias, las unidades de psiquiatría, de atención penitenciaria y de urgencias son los puntos negros, más susceptibles de sufrir problemas de agresividad, en cualquier complejo hospitalario. Las carencias de seguridad en la planta de Psiquiatría del Clínico han llevado al sindicato UGT a presentar diversas quejas para reclamar una amplia cobertura de seguridad y medios en este sentido, y a pedir un protocolo de actuación en el caso de los menores.
Después de varios incidentes y dado que la seguridad general del centro no llegaba a tiempo por los retrasos que impone el uso de ascensores, el Clínico ha implantado personal específico de seguridad para su planta undécima, la que acoge las unidades de Psiquiatría tanto de adultos como infanto-juvenil y el Hospital de Día de ambos; es decir, que la planta concentra consultas, tratamientos e ingresos de problemas de salud mental de cualquier edad, además del módulo penitenciario.
El hospital cuenta, «desde el pasado día 1 de junio, con vigilante de seguridad, con turnos desde las ocho de la mañana hasta las doce de la noche», explica el jefe del Servicio, Fernando Uribe. «Teníamos mucho interés en que el vigilante cubriera hasta las doce de la noche porque estas dos últimas horas, no habituales en los guardias de seguridad, son importantes en Psiquiatría porque es cuando se dan los tratamientos y medicación nocturnos», destaca.
Después, «la planta se queda tranquila, los pacientes están durmiendo y, además, ya no hay problema para que en caso de necesidad un vigilante del resto del hospital llegue rápido porque no hay gente en los ascensores», destaca. El doctor Uribe considera que esta dotación cubrirá bien las necesidades de seguridad hospitalaria. A este respecto, UGT reclama que la cobertura de seguridad no se abandone durante el turno de noche.
Este sindicato reclama, asimismo, un protocolo de actuación, similar al que hay establecido para los adultos, para atender los casos de jóvenes agresivos que proceden del centro de internamiento Zambrana y que son ingresados en la unidad infanto-juvenil.
Autolesivo
La pasada Semana Santa hubo un caso de un menor que fue trasladado del módulo penitenciario al de psiquiatría y tuvo que estar acompañado por la Policía. Sin embargo, indica UGT, la falta de normas establecidas al respecto confundieron las funciones de los policías, que primero estuvieron fuera, luego en una habitación dentro de la unidad que se habilitó para el momento... El menor había tenido vigilancia policial en la misma puerta de la habitación y después, al cambiar de unidad, en el vestíbulo, por lo que «la seguridad quedaba a cargo del personal», indica el sindicato.
El responsable de Psiquiatría destaca que «el joven no era un peligro para los demás, sino para sí mismo» y que la razón del traslado desde el módulo de detenidos, que es donde se ingresa a los procedentes del Zambrana, «se debió a causas clínicas, a sus intenciones de hacerse daño, un intento autolítico, pero en ningún momento fue agresivo hacia otras personas y, además, la unidad es cerrada, no pueden salir».
El doctor Uribe explica que las fechas en las que ocurrió, en Semana Santa, «dificultaron coordinar las actuaciones con el juez, dado que era de otra provincia y había que solicitarlo en ella; la otra opción era el juez de guardia, pero al ser un menor, prefirió no intervenir y esperar a que pudiera solucionarlo el juzgado correspondiente». «También hubo problemas para dar con los responsables policiales, que son los que tienen que decidir sobre la actuación de sus agentes... En definitiva, los mecanismos para resolver esa situación puntual fueron poco ágiles para una decisión clínica que es muy rápida», añade.
El centro considera que, al tratarse de un hecho aislado, no debe establecerse un protocolo de actuación y que «los facultativos del hospital no pueden ordenar a las fuerzas policiales cuál debe ser su cometido, motivo por el cual no existen órdenes escritas». Asimismo, las mismas fuentes indican que lo habitual es que los menores con custodia sean atendidos en el módulo. «La mayoría de los ingresos de menores se deben a problemas de déficit de atención e hiperactividad resistentes a tratamiento, trastornos de conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia, problemas de conducta y, raramente, psicosis infantil», repasa Uribe. Otra cosa, indica, «son los adultos, donde puede haber patologías que provoquen agresividad como síntoma».
El sindicato UGT reclama además de la cobertura nocturna de la vigilancia, que se repare o sustituya el botón antipánico, dado que «se ha roto su soporte y hay que apartar una venda que lo cubre para poder utilizarlo; lo cual es una pérdida de tiempo». También pide que, cuando ingrese un paciente que requiera vigilancia especial, se refuerce la seguridad de la planta y que se den los cursos de formación necesarios a los profesionales para hacer frente a estas situaciones difíciles.
Agresiones
Las medidas y el plan frente a las agresiones ha logrado reducir en el 2009 un 22% el número de casos, según los datos de la Consejería de Sanidad. En Valladolid, fueron 75 los incidentes registrados y 87, las víctimas.Sacyl cuenta con un seguro de defensa jurídica gratuito (teléfono 902 197 781 ) para los trabajadores afectados y además remite a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León las denuncias presentadas para que inste su calificación como delito de atentado, lo que ha permitido contabilizar hasta el momento 53 sentencias condenatorias, de un total de 63, de las cuales siete conllevan penas de prisión.
Además, el proyecto de Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León prevé sanciones administrativas desde 300 hasta 600.000 euros por las agresiones al personal de las instituciones sanitarias.