La cúpula judicial advierte que no admitirá una rebaja en las escoltas

La cúpula judicial advierte que no admitirá una rebaja en las escoltas
Interior retira a la Ertzaintza de la vigilancia de una docena de jueces y fiscales, y los sustituye por protección privada
La cúpula judicial no está dispuesta a admitir una reducción de las escoltas. Así se lo transmitieron ayer destacados miembros de la magistratura vasca al consejero de Interior en una reunión que se prolongó durante dos horas en la sede del Tribunal Superior en Bilbao. El Gobierno vasco explicó ayer a una delegación de jueces y fiscales sus planes para «replantear» los sistemas de vigilancia que el colectivo mantiene desde 2001. Entonces, el asesinato a manos de ETA del juez José María Lidón obligó a establecer ciertas medidas de protección a los alrededor de 200 magistrados y representantes del Ministerio Público en Euskadi.
A la reunión asistieron, por parte del Ejecutivo autónomo, el titular del Departamento de Interior, Rodolfo Ares, el viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, y el director de la Ertzaintza, José Antonio Varela. La representación judicial la formaron el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, el juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, la fiscal superior del País Vasco, María Ángeles Montes, y los magistrados Luis Garrido, María Victoria Cinto, Iñigo Elizburu e Iñigo Madaria.
Interior les transmitió, como ya avanzó ayer este periódico, su voluntad de revisar unos servicios de protección que apenas se han modificado desde su puesta en marcha hace casi una década. Dentro de la campaña iniciada por el Ejecutivo para eliminar la escolta a un centenar de amenazados -la mayoría de ellos dejaron sus cargos de representación institucional hace años-, la consejería pretende analizar cada caso de los diferentes jueces para establecer el «mecanismo» que mejor se ajuste a las necesidades. Según explicaron en una nota firmada por el Ejecutivo autónomo y el Tribunal Superior, en las próximas semanas se mantendrán «entrevistas individuales» con cada uno de los magistrados escoltados «para tener en cuenta su opinión». El Departamento se inclina por aplicar, en algunos supuestos, medidas de contravigilancia que sustituyan a la escolta. Tampoco se descarta reducir de dos a uno el número de guardaespaldas asignados a determinados jueces y fiscales. En ningún supuesto se modificarán las medidas aplicadas a las altas instancias de la carrera.
Durante el encuentro, la cúpula judicial mostró sus recelos a la reducción de la vigilancia. El colectivo constituye uno de los objetivos más amenazados por ETA, según ha aparecido reflejado en varios de los últimos comunicados de la organización terrorista. Hace dos años, la banda emprendió una campaña contra los palacios de Justicia, atacando media docena de sedes en unos meses. Esas acciones provocaron un conflicto entre los entonces consejero, Joseba Azkarraga, y presidente del Tribunal Superior, Fernando Ruiz Piñeiro.
Según las fuentes consultadas, Ares aseguró ayer que en ningún caso se «rebajará el umbral de seguridad» de jueces y fiscales. Ambas partes acordaron, no obstante, que el servicio se mantendrá inalterable hasta que no haya un informe oficial. Diferentes fuentes creen que este proceso podría finalizar «en uno o dos meses».
La consejería también les comunicó su decisión de retirar ya de su servicio a los agentes que atienden a una docena de jueces y fiscales y sustituirlos por vigilantes de empresas privadas. Además, dio datos de los nuevos mecanismos de protección para las sedes judiciales, que supondrán una importante inversión.