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Amenazados por ETA desean dejar de llevar escolta

Mensaje por tata el Lun Nov 01, 2010 11:49 am

Amenazados por ETA desean dejar de llevar escolta
Un empresario y un ex cargo del TSJ vasco renunciaron a su protección en octubre

Detalle del arma del escolta de un juez. - Miguel G. Castro

El Departamento vasco de Interior atiende regularmente a personas amenazadas por ETA que desean dejar de llevar escolta. La renuncia hace tres semanas a su protección del ex secretario general de la patronal guipuzcoana (Adegi), José María Ruiz Urchegui, resultó excepcional porque la hizo pública, pero en realidad no es un caso aislado, según fuentes de la Policía vasca y empresas de seguridad privada. Hace dos semanas, un ex alto cargo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV)también informó por cauces internos de que iba a dejar suprotección.

Este tipo de gestiones de personas amenazadas por ETA ante los partidos e Interior son habituales en los últimos meses. Si se exceptúa la muerte de un agente galo, el pasado 16 de marzo, en un encuentro fortuito con miembros de la banda que habían asaltado un concesionario de coches en las cercanías de París, el último atentado mortal se remonta a julio de 2009, cuando ETA mató a dos guardias civiles en Mallorca. El anuncio hecho público por ETA, el pasado 5 de septiembre, del cese de "acciones armadas ofensivas" ha abierto otro escenario pero, transcurridos casi dos meses, resulta aún prematuro concluir que este hecho esté llevando a personas amenazadas a renunciar a su escolta, según las fuentes consultadas en la Ertzaintza y las empresas de seguridad privada. Lo más que constatan, en sintonía con lo admitido por dirigentes del Partido Socialista de Euskadi y del PP, es que hay más cargos políticos y de la judicatura que desean renunciar ya a su protección.

Ertzainas y escoltas creen que es pronto para atribuir las bajas al cese de ETA

El Departamento vasco de Interior no da cifras concretas sobre el número de personas que renuncian a continuar con vigilancia. No obstante, escoltas y ertzainas que tienen asignados esos servicios y que conocen personalmente renuncias de varios protegidos coinciden al responder a Público que "el goteo es constante". "Aunque tampoco puede decirse aún que es mayor que antes de los comunicados realizados por ETA en septiembre", añaden. "En los últimos tres meses, ha habido tres jueces que han renunciado a seguir con escolta". "Y te hablo sólo de cargos protegidos por la empresa de seguridad donde yo trabajo", dice Julen, que es guardaespaldas desde hace diez años y que ahora tiene asignada la protección de un cargo político en Euskadi.

"ETA no es la de los ochenta"
Como otros escoltas privados, Julen observa con escepticismo la situación abierta tras los comunicados de ETA y más de un año sin atentados mortales en España. "No creo que las circunstancias sean del todo buenas para que la gente renuncie ahora a llevar protección. Hace unos días fui a San Sebastián, y nunca había visto antes tanta contravigilancia de la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional. No bajan la guardia. ¡Hombre! ETA no es la de los años ochenta, cuando tenía un ejército, pero para hacer algún atentado al año ya tiene gente", afirma, incrédulo, antes de recordar la muerte en 2008 del ex concejal del PSE Isaías Carrasco: "Él también renunció a su escolta".

Interior anunció un recorte de escoltas tres días antes del anuncio de la banda

Un ertzaina asignado al servicio de escoltas hace más de diez años es optimista. Según dice, el Departamento vasco del Interior y el Ministerio del Interior manejan desde hace meses información sobre ETA que les permite relajar los servicios de protección. Y recuerda, como prueba de ello, los "recortes" en los servicios desde el verano. "Hay gente que iba con dos escoltas y se ha quedado con uno, y cargos que tenían uno y ahora se trata de garantizar su protección con contravigilancia", afirma.

Se da la circunstancia de que, tres días antes de que ETA anunciase el 5 de septiembre el "cese de acciones armadas", trascendió el plan de la consejería vasca de Interior y del Ministerio del Interior para limitar el número de escoltas. La reducción, que afectaba a un centenar de ex altos cargos, causó malestar en ámbitos políticos y las empresas de seguridad privada. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, salió al paso de las críticas. Dijo que el reajuste de los efectivos obedecía a "un análisis policial" y lo desvinculó de los rumores de una supuesta tregua de ETA que llegó tres días después en forma de cese de "acciones ofensivas". La banda debate ahora sobre un alto el fuego unilateral, permanente y verificable, como le demandan los mediadores internacionales y la izquierda abertzale. Si atendiera esa petición, se abriría otro escenario sobre todo para las personas amenazadas.

Un ‘ejército invisible’ para 1.492 amenazados
País Vasco y Navarra

Según los últimos datos oficiales, de 2009, en las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra hay 1.492 personas que tienen algún tipo de amenaza de ETA. El número de escoltas supera ampliamente los 2.000, ya que muchas de las personas con protección cuentan con dos guardaespaldas.

El mismo presupuesto
Pese al cese de “acciones armadas ofensivas” de ETA y la posibilidad de que este parón se convierta en un alto el fuego permanente, unilateral y verificable, el Gobierno vasco dedicará en 2011 el mismo presupuesto que este año para mantener el número de escoltas. En Euskadi, este gasto lo cubren a partes iguales el Ejecutivo vasco y el Ministerio del Interior. La previsión para este año es de 144 millones de euros.

Las quejas del sector
Los escoltas de las empresas de seguridad cubren la gran mayoría de los servicios. El 89% (1.329) de las 1.492 personas protegidas tiene asignados agentes privados. Al resto les protegen miembros de las fuerzas de seguridad. Entre los escoltas privados se dice que son como un “ejército invisible sin derechos”.

La promesa de Rubalcaba
Tras el atentado en el que resultó herido el escolta Gabriel Ginés, en octubre de 2007, en Bilbao, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró abierto a estudiar que los escoltas privados dispusiesen de su arma, incluso fuera de servicio. El cambio legal para ello no llegó a producirse.
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